El panorama es claro. Tenemos una crisis fiscal porque a partir del 2009 el gasto público se disparó de manera irresponsable. El Estado gasta demasiado en salarios –48 % de los ingresos, más que en cualquier país de la OCDE–. Las remuneraciones de los empleados públicos son bastante superiores a las de sus pares en el sector privado y la brecha continúa ensanchándose –una de las principales causas por las que la desigualdad va en aumento–. Y el Estado es altamente despilfarrador: Costa Rica está en la posición 101 de 136 naciones en cuanto a la eficiencia del gasto público, según el Foro Económico Mundial.
Aun así, el gobierno y los diputados del PLN, PAC y PUSC optaron por que el énfasis casi exclusivo de la llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fuera el aumento de impuestos. En lugar de desmontar los odiosos e insostenibles privilegios del sector público, prefirieron que el ajuste corriera por cuenta de los contribuyentes.
Carlos Alvarado puede tomar tres medidas para paliar esta injusticia fiscal. Una es abolir el salario escolar. Un fallo reciente de la Sala II confirmó que este no constituye una retención –como originalmente se planteó– sino que se trata de un catorceavo salario del que gozan los empleados públicos. Ya que fue creado mediante un decreto ejecutivo, el presidente puede eliminarlo de la misma manera. El ahorro al fisco superaría los ¢173.000 millones el próximo año.
Alvarado también puede ordenar que en su gobierno se congelen –en términos reales– los sueldos del sector público. La medida debe calibrarse para tomar en cuenta el efecto multiplicador que tienen los pluses cada vez que se da un ajuste salarial. Finalmente, el nuevo presidente puede instruir que en los próximos cuatros años no haya aumentos en las transferencias a las universidades estatales –que de por sí crecieron un 47,6 % entre el 2014 y el 2018–. Se suponía que el sacrificio del ajuste iba a ser compartido. Alvarado tiene la palabra.
El autor es analista de políticas públicas.
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