Que Costa Rica es ingobernable ha sido el sambenito de los gobernantes por muchos años. En realidad, se trata de una excusa para la inacción. Si bien es cierto que por décadas el país fue construyendo una maraña legal e institucional que dificulta la toma de decisiones, en las últimas semanas hemos visto cómo las vías institucionales funcionan si tan solo hay visión, valentía y liderazgo.
El poder de los sindicatos y su capacidad comprobada de paralizar el sector público cuando les tocan sus intereses —con la complacencia del Poder Judicial— pegó con pared al aprobar la Asamblea Legislativa, por amplia mayoría, una iniciativa que pone coto a las prerrogativas que hasta ahora les han permitido a los agremiados abusar de su derecho constitucional a la huelga.
La Contraloría, órgano auxiliar del Legislativo, cuyos poderes habían permanecido inactivos hasta ahora, hace poco dio un enorme golpe de autoridad al dejar sin efecto el espurio acuerdo firmado por la CCSS con sus gremios, lo cual le representará a esa institución un ahorro de más de ¢1 billón en los próximos cinco años. La Contraloría también puede, y debe, improbar los presupuestos de aquellas instituciones autónomas que rehúsen cumplir los alcances de la reforma fiscal.
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Más recientemente, hemos visto a la Procuraduría emitir criterios vinculantes que indican que todos los sobresueldos pactados entre instituciones públicas y sindicatos deben ajustarse a los rigores de la reforma fiscal. No solo eso, también dejó claro que dicha ley prima sobre cualquier otra legislación especial anterior que se le oponga, como la infame ley de incentivos médicos.
Y, por supuesto, tenemos a la Sala Constitucional, por muchos años la mamá de los tomates. Si bien ha sido diligente trayéndose abajo las cláusulas abusivas de convenciones colectivas en otras instituciones públicas, la prueba de fuego será cuando le toque determinar si la reforma fiscal incluye al propio Poder Judicial. La Sala ya aceptó para su conocimiento una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo de la Corte Plena, es decir, contra sus colegas magistrados, en el cual se declararon exentos de aplicar esa ley. Ya veremos el desenlace. Nuestra institucionalidad dejó de ser obstáculo para ser parte de la solución.
jchidalgo@gmail.com
El autor es analista de políticas públicas.
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