Una narrativa está dominando el debate fiscal: el elevadísimo nivel de evasión de las grandes empresas y el déficit no sería un problema si las autoridades les cayeran encima. Como toda buena ficción, tiene pinceladas de verdad, pero no deja de ser un cuento.
El relato se basa en un informe de Hacienda que estimó que en el 2013 la evasión alcanzó un 8,2 % del PIB. Como ese monto supera el déficit, alimenta la percepción de no requerir ajustes fiscales dolorosos: basta con cobrar bien los impuestos. Otro estudio de la Contraloría encontró que un cuarto de las grandes empresas declara pérdidas o cero utilidades. Ahí está el grueso de esa evasión, nos dicen.
La narrativa entra en el ámbito de la ficción cuando vemos que un informe es defectuoso y el posible impacto fiscal del otro ha sido sobredimensionado. El de Hacienda tiene dos problemas, siendo el principal que mezcla la evasión con la elusión. Mientras que la primera es un delito, la segunda no lo es –uno elude impuestos cuando va a la feria del agricultor, por ejemplo–. Es imposible determinar cuánto de ese 8,2 % del PIB es evasión y cuánto es elusión. Además, esa cifra no es realista porque supone un escenario de cumplimiento perfecto de las leyes tributarias que no se da en ninguna parte del mundo.
El informe de la Contraloría se refiere a las 519 denominadas grandes empresas territoriales (Getes) y encontró que en el período 2010-2016 estas presentaron 3.949 declaraciones, de las cuales 1.062 reportaron pérdidas o cero utilidades (un 26,9 %). Al tratarse de un promedio, esto no implica que un cuarto de las Getes no pagó impuestos durante todo ese tiempo: una empresa pudo reportar pérdidas un año y tener utilidades en los otros. De hecho, solo 46 Getes (8,9 % del total) declararon pérdidas por dos o más años.
Aun si supusiéramos que todas están evadiendo –lo cual sería irresponsable–, hay que poner las cosas en perspectiva: en el 2016 cada Getes pagó en promedio ¢93 millones en impuesto de utilidades. Si las 140 Getes que –proporcionalmente, según el estudio– no pagaron ese año lo hubieran hecho, el Estado habría recaudado ¢13.020 millones adicionales. Eso representa un 0,8 % del déficit fiscal del 2016.
La evasión es un problema real que hay que combatir. Pero no nos engañemos. Ahí no yace la solución a la crisis fiscal.
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