La experiencia internacional indica que los ajustes fiscales basados mayormente en recortes de gasto son más eficaces para estabilizar las finanzas estatales y tienen un efecto mucho menos perjudicial en la economía que aquellos consistentes en aumento de impuestos. Plantear lo contrario —como la fallida propuesta del gobierno para el FMI— es atentar contra la evidencia.
La semana pasada señalé tres medidas del lado del gasto que debemos considerar: reestructuración-reingeniería de la deuda pública en manos de entes estatales, reforma del empleo público que incluya a los empleados actuales siguiendo los lineamientos esbozados por el constitucionalista Rubén Hernández y la suspensión del pago del salario escolar en cumplimiento de la regla fiscal, que ordena no dar aumentos salariales a los funcionarios cuando la deuda supere el 60 % del PIB.
Hay más. Un estudio del BID y el Banco Mundial estimó que un sistema integrado de compras para el sector público podría generar una economía del 0,8 % del PIB anual. Pero cifras del mismo Ministerio de Hacienda indican que el ahorro potencial alcanzaría hasta un 1 %. Esta es una reforma que no admite más demoras.
La OCDE señala en su último informe que somos el miembro que cuenta con la menor proporción del gasto sujeto a contratación pública. Además, advierte sobre el abuso en que incurren las instituciones estatales dando contratos directos —–sin que medien licitaciones— a otros entes del Estado, práctica agravada en los últimos dos gobiernos.
También tenemos pendiente una reforma definitiva a las pensiones de lujo. El gobierno tiene que impulsar el cierre de los regímenes con cargo al presupuesto que aún siguen abiertos. Todos los trabajadores nuevos que se incorporen a la fuerza laboral —públicos o privados— deberían cotizar en igualdad de condiciones al IVM de la CCSS.
Pero podríamos ir más allá y dar una batalla política y legal para que las pensiones de lujo existentes no superen el monto máximo que paga el IVM: ¢1,6 millones al mes (a menos que actuarialmente se compruebe que las contribuciones de la persona justifican un monto mayor).
Sin duda ninguna de estas propuestas es sencilla. Quizás por eso el ministro de Hacienda confesó que lo más fácil para el gobierno es aumentar impuestos.
jchidalgo@gmail.com
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