Según la más reciente encuesta de la Uccaep, el 62 % de las empresas consultadas dijeron que no es un buen momento para realizar inversiones. Esto debemos analizarlo a la luz de otra estadística que muestra que el número de “desalentados” —desempleados que dejaron de buscar trabajo— se duplicó en el último año. Si se les incluye en la tasa de desempleo, esta llegaría al 13,4 %. No solo la situación económica está mal, sino que continúa deteriorándose.
Por lo tanto, urgen medidas más vigorosas de reactivación económica. La Cámara de Comercio presentó un plan a corto plazo en el cual resaltan ajustes que no requieren aprobación legislativa, como disminuir la base mínima contributiva a la CCSS y reducir el elevado encaje mínimo legal. El primero mejoraría la empleabilidad de los trabajadores poco calificados, mientras que el segundo liberaría más recursos para el crédito. Ambos solo requieren de acuerdos de las juntas directivas de la CCSS y el BCCR.
Pero se necesitan reformas estructurales de mayor calado para incentivar la inversión. Una de ellas es reformar el impuesto sobre la renta pagado por las empresas. La tasa máxima actual del 30 % es superior al promedio de la OCDE (23,4 %) e incluso de América Latina (27,2 %). Una vez que se toma en cuenta el impuesto del 15 % sobre los dividendos, la tasa efectiva impositiva sobre el accionista en Costa Rica alcanza el 40,5 %.
Podríamos recortar el impuesto sobre la renta corporativo a un 25 % y estipular rebajas anuales adicionales de un punto porcentual, hasta dejar la tasa máxima en un 20 %. La reducción inicial en la recaudación puede paliarse incorporando en la reforma el cobro del gravamen a las grandes cooperativas. Sin embargo, para que la medida tenga más credibilidad, debe ir acompañada de recortes de gasto. Una oportunidad en ese sentido es la ley de empleo público, con la cual el Estado obtendría grandes ahorros desde el primer año de su ejecución, si se elige la versión más fiscalista.
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En la reactivación económica, no hay pomadas canarias, por lo cual no debemos esperar que una propuesta haga milagros por sí sola. Esta debe contemplarse como parte de una agenda más amplia de reformas. Una reducción del impuesto sobre la renta corporativo mejoraría la competitividad, estimularía la inversión y contribuiría a la generación de empleo.
JHidalgo@cato.org
El autor es analista de políticas públicas.
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