EscucharEl presidente Alvarado tiene claro que él no puede aumentar el tamaño del Estado —por más que le gustaría—, pero también rehúsa recortar la grasa estatal. Prueba de ello es el espaldarazo que le dio al CNP para que gaste ¢3.300 millones en un nuevo edificio, o la insistencia en buscarles nuevas funciones a entes zombis como Japdeva o Recope.
La apuesta de la administración Alvarado es la contención del gasto. En los primeros cinco meses del 2019, las erogaciones del gobierno —sin contar el pago de intereses— representaron un 6,64 % del PIB, comparado con el 6,66 % en el mismo período del 2018. Sin embargo, no podemos desentendernos del pago de intereses. Una vez incorporado ese creciente rubro en la ecuación, vemos que el déficit fiscal está al alza. Esto significa que la deuda sigue aumentando como porcentaje del PIB y la situación fiscal continúa deteriorándose, a un ritmo más lento, eso sí.
El plan del gobierno consiste en usar los eurobonos para aminorar el monto destinado al pago de intereses. El canje de deuda interna por externa también aliviaría la presión sobre las tasas de interés locales, lo cual contribuiría a estimular el crédito. Hasta ahí parece que llega la apuesta de Zapote en cuanto al gasto, lo cual es evidente porque el gobierno insiste en que la reforma al empleo público no debe ser “fiscalista”, aun cuando se trata de una magnífica oportunidad para hacer grandes ahorros a corto plazo.
La agenda de reactivación económica debe ser íntegra y contemplar más elementos que mejorar el acceso al crédito y simplificar trámites. Por ejemplo, sin recortes al gasto es políticamente inviable plantear una reducción en los impuestos sobre la renta corporativos o sobre los combustibles, medidas que estimularían la inversión y el consumo, respectivamente.
Luego, están las cargas sociales. Para combatir el desempleo y la informalidad, es un deber reducir su peso relativo en la contratación de mano de obra. Una reforma en esa dirección sería financiar Fodesaf a través de impuestos ordinarios. Pero eso requeriría una enorme reforma fiscal que, en aras de la competitividad y del costo de vida, es más conveniente realizarla mediante recortes presupuestarios. No hay quite. Difícilmente, tendremos una sólida reactivación económica sin reducciones significativas en el gasto público.
El autor es analista de políticas públicas.
