Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, sostiene que la agenda de descarbonización del gobierno implica una transformación energética y tecnológica que traerá enormes beneficios y nos catapultará a la Cuarta Revolución Industrial. Sin duda suena a una maravilla. Es una lástima que en su respuesta a mi columna (“Respuesta a Juan Carlos Hidalgo”, 19/1/2019) obviara explicarnos cómo es que dos de las puntas de lanza de dicha estrategia son el fortalecimiento de los ineficientes y onerosos monopolios del ICE y Recope.
Pero vamos por partes. Rodríguez señala que el proceso de descarbonización se viene implementando exitosamente desde hace décadas. De ser así, se vería reflejado en las emisiones totales de CO2 equivalente del país. Sin embargo, según la Base de Datos para la Investigación Atmosférica Global de la Unión Europea, estas aumentaron en 189,4 % en el período 1990-2016. Incluso si utilizamos estadísticas a partir del 2005, vemos un incremento nada despreciable del 26,7 %. Es más, desde la perspectiva de las emisiones de CO2 per cápita, ni siquiera somos líderes latinoamericanos: estamos de sétimo entre 18 naciones.
La verdad incómoda detrás de esas cifras es que las emisiones de CO2 irremediablemente aumentan cuando un país está en vías de desarrollo, puesto que, a mayor actividad económica, mayor es el consumo de energía. No sorprende entonces que el líder regional en descarbonización sea Nicaragua. La agenda del gobierno atenta contra la reactivación económica, ya que, entre otras cosas, promueve el encarecimiento de la matriz energética.
Un estudio del Minae e Incae del 2009 estableció que las inversiones totales requeridas para alcanzar la meta de carbono neutralidad tendrían un costo que equivalía a un 30 % del PIB.
Por supuesto, las energías verdes son cada vez más competitivas y una política pública bien calibrada podría acelerar su adopción. Pero este proceso de avance tecnológico es mejor dejarlo en manos del mercado, donde las inversiones son más eficientes. Mucho más eficientes, al menos, que en manos del ICE y Recope, elefantes blancos que en las últimas semanas han acaparado titulares por el lastre que representan para la competitividad del país.
Hay políticas que valen plantearse por sí mismas, como la descontaminación atmosférica de la GAM y el ordenamiento del transporte público. Nada de eso requiere del fortalecimiento de monopolios estatales.
El autor es analista de políticas públicas.
jhidalgo@cato.org
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