EscucharEs difícil entender los criterios de las autoridades a cargo de definir las prioridades en infraestructura pública. Hace algunas semanas, el presidente de la República anunció la rebaja en los estándares de calidad en la ampliación de la ruta 32, sin duda, la principal del país.
Es decir, será de tercer mundo, muy distinto de lo diseñado originalmente. En vez de pasos a desnivel, carreteras laterales, pasos peatonales y accesos radiales hacia los centros urbanos, se prescindirá de “todos estos lujos” y los sustituirán por once obsoletas rotondas, semáforos y zonas de paso peatonales a ras del suelo. ¡De vuelta al pasado!
Aún está fresco en la memoria el torbellino de críticas cuando se inauguró la ruta 27, a principios de la década pasada, precisamente por no pensar en una carretera de primer mundo, a cuatro carriles y sin defectos constructivos. Ahora, la ruta 32 tendrá cuatro carriles, pero se omitirán los pasos a desnivel, los cuales sí se construyeron en la 27. Sin más explicación, las estructuras levantadas para ese fin serán demolidas, con el consiguiente desperdicio de recursos. ¡Qué horror!
Se aduce falta de recursos y acumulación de una enorme deuda con la empresa adjudicataria, debido a los constantes retrasos e incumplimientos, principalmente, y por la inoperancia estatal en materia de expropiaciones y las demoras en los pagos a la empresa.
En los últimos siete años, el costo del proyecto prácticamente se duplicó y supera con creces los presupuestos. La solución fácil fue sacrificar la calidad y dejar sin resolver los problemas de circulación por esa arteria.
Es asombrosa la pasividad de la ciudadanía frente a este anuncio. ¿Será tan diferente el entorno político actual al de una década atrás y lo imperdonable de entonces es aceptable en este momento? Según se dijo, son necesarios unos $600 millones adicionales y no hay donde conseguirlos.
Préstamo innecesario
Paradójicamente, el ministro de Transportes informa sobre gestiones en proceso con el gobierno de Arabia Saudita, nuestros nuevos amigos, para obtener un préstamo de $600 millones que se utilizarían en la ampliación de la ruta 27.
¿Casualidad? Las prioridades en el país andan totalmente desubicadas. Para ampliar esa carretera, no se requiere tal cantidad de recursos, pues es un proyecto concesionado y, por tanto, le corresponde a la empresa conseguir el financiamiento, y al estar esas operaciones fuera del balance de las finanzas públicas, no aumenta la deuda pública.
Si el gobierno debe aportar contrapartidas o correr con expropiaciones, sería por una suma mucho menor. El resto se ajusta con ampliaciones del plazo de la concesión, tal como se hizo con el aeropuerto Juan Santamaría.
Desde hace muchos años, el modelo de asociaciones público-privadas es la única salida para construir obra pública. En los últimos años se dilapidó la capacidad de endeudamiento en pagar gastos corrientes, especialmente sueldos y salarios públicos, en vez de destinarlo a proyectos de inversión.
A estas alturas, por más aversión de las autoridades hacia este modelo, simplemente no tienen otra alternativa. Es esto o nada. Y la regla fiscal no cumple absolutamente ningún papel en este problema.
Razones políticas
La resistencia de los altos funcionarios a la concesión de obra pública es absolutamente injustificada. Es un método eficiente para proveer de las obras públicas necesarias para el desarrollo del país, y es, además, un esquema justo de pago por las construcciones, pues se pagan a lo largo de muchos años y los beneficiarios son directos.
Por razones más bien políticas, se ha propagado entre el público la idea no demostrada del otorgamiento de beneficios exagerados a los concesionarios. Y en nombre de mantener a raya los rendimientos a los inversionistas dispuestos a desarrollar obra pública, se prefiere paralizar los proyectos, sin darse cuenta de las enormes pérdidas que esto ocasiona al país.
¿Cuánto dinero pierden los usuarios por no contar con carreteras de primer mundo? El tiempo desperdiciado, el gasto exagerado de combustibles, la salud mental de los ciudadanos, el desgaste de los vehículos, las pérdidas de mercaderías en transporte y, sobre todo, el incremento del peligro de accidentes sale carísimo al país. Cada persona paga la cuenta, a costa de su bienestar, y queda una falsa sensación de ahorro para el gobierno.
En accidentes de tránsito muere una persona cada 17 horas, miles de personas quedan lisiadas o con serias limitaciones, las pérdidas materiales por el daño de vehículos son enormes y se incrementa el costo de los seguros.
Los gastos hospitalarios y de rehabilitación exacerban la seguridad social. Todo esto a raíz de la mala infraestructura, la falta de mantenimiento y la pésima demarcación y mantenimiento viales. Viajar por nuestras carreteras, de noche y con lluvia, es un atentado.
Pérdidas para todos
Hay una miopía absoluta a la hora de contabilizar los beneficios de las obras y se dejan de lado los costos de oportunidad. La tantas veces fracasada ampliación de la ruta 1, según cálculos personales de hace muchos años, significaba un desperdicio equivalente al costo de su ampliación, cada cuatro o cinco años.
Cuando se cierra la 32, entre otras razones por la falta de $132 millones para construir los túneles falsos, al menos cuando los propuso el ministro Rodolfo Méndez Mata, las pérdidas para exportadores e importadores son enormes. Los traileros deben sufrir retrasos injustificados y pérdidas pecuniarias significativas, principalmente, cuando se trata de unidades refrigeradas.
Por eso, da grima ver la ligereza con que se anuncia un préstamo innecesario para una ruta cuya ampliación está financiada, sin tener en cuenta las necesidades de inversión pública en muchos otros campos. ¿Existirá algún modelo racional para tomar decisiones o seguimos simplemente con ocurrencias?
Hace más de treinta años no se crean nuevos hospitales, y los existentes están rebalsados, por ejemplo, el de Cartago, aparentemente paralizado por capricho.
Los centros educativos están en ruinas, no hay cárceles medianamente decentes, las unidades policíacas carecen de los elementos mínimos para garantizar condiciones decentes a los servidores de la ley y hay una cantidad enorme de proyectos de infraestructura abandonados, paralizados o simplemente sin iniciar. De las famosas “obras impostergables” de la administración pasada, la presente administración ha demostrado su “postergabilidad”.
Los recursos son muy escasos para dilapidarlos. Es necesario pensar en términos de eficiencia y costo de oportunidad para decidir la asignación correcta de los recursos.
El autor es economista.
