El presupuesto para la educación continúa por la senda del decrecimiento, y aunque los recortes se efectúen en distintas áreas, una de las más sensibles corresponde al trabajo de las juntas de educación y administrativas.
El reglamento que las regula señala que constituyen la base para el funcionamiento de los centros educativos públicos, y son organismos auxiliares, a los que les corresponde coordinar con la dirección el desarrollo de los programas y proyectos, y la dotación de los bienes y servicios requeridos para atender las necesidades y prioridades de las escuelas, sus estudiantes y personal.
Dentro de sus funciones, a las juntas les corresponde gestionar el desarrollo de proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del centro educativo, y para cumplir ese propósito, el presupuesto pasó de un promedio de ¢18.000 millones anuales en el período 2007-2010 a ¢90.000 millones desde el 2015 hasta el 2018; llegó incluso a los ¢120.000 millones en el año 2017.
Pero mientras en el 2024 fueron presupuestados ¢20.000 millones para infraestructura, el año próximo el plan de gastos será disminuido hasta los ¢11.000 millones, menos del 10 % de lo otorgado en el 2017.
Una historia similar ha ocurrido en relación con el financiamiento de los gastos operativos de los centros educativos, que también deben ser ejecutados por sus juntas, y que incluye el pago de servicios públicos (agua, electricidad), material didáctico, mobiliario y equipo, materiales escolares, bienes y servicios para la seguridad y la limpieza, así como actividades de mantenimiento básico.
Mientras en el 2019 el presupuesto para poco más de 4.000 juntas educativas alcanzó los ¢100.000 millones, en el 2024 recibieron solo ¢42.000 millones y en el 2025 dispondrán de ¢40.000 millones.
La labor de las personas que integran de forma ad honorem las juntas de educación es vital dentro del ecosistema educativo. La calidad educativa no depende solo de tener un buen docente. Si no entendemos la significación de contar con adecuados ambientes de aprendizaje y el papel de las juntas para conseguirlo, no estamos dando valor a que los estudiantes dispongan de espacios que propicien su desarrollo educativo y social.
El autor es economista.