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Deportaciones

La pregunta que emerge es si esta decisión se dio por razones humanitarias o, lejos de ello, en vinculación con una controversial decisión denominada por el presidente Trump como ‘la mayor deportación en la historia’ de ese país

Nuestro Estado de derecho obliga a aceptar el regreso a territorio nacional de todo costarricense. Con respecto a los extranjeros, Costa Rica ha sido históricamente generosa al brindarles asilo o refugio a las personas que así lo requieran y cumplan con los requisitos de ley.








En días pasados, el Gobierno de Costa Rica aceptó convertirse en puente para hasta 200 personas deportadas de Estados Unidos, a quienes recibió y pretende ayudar en su repatriación.

La pregunta que emerge es si esta decisión se dio por razones humanitarias, o lejos de ello, en vinculación con una controversial decisión que ha sido denominada por el presidente de Estados Unidos como “la mayor deportación en la historia” de ese país.

Llama la atención que los países de procedencia de los deportados sean del centro de Asia y de India, lugares muy lejanos a nuestro país y con los cuales hay pocos nexos y formas “de conexión”; también es complicada la logística para trasladarse hasta ellos; esto, independientemente de que los costos corran por el país del norte. Resulta extraño, además, que estas personas hayan sido trasladadas del aeropuerto, en Alajuela, al Centro de Atención Temporal de Migrantes, en Corredores, ubicación lógica para quienes van o vienen del sur, siendo en este caso la repatriación hacia Asia.

Llevan razón quienes levantan la voz y preguntan ¿cuánto tiempo permanecerán en nuestro país?, pues los 30 días naturales otorgados son prorrogables; ¿cuál será el trato que recibirán (pese a la supervisión de la OIM) y cuál es la garantía de traslado a sus países de origen?

El ejemplo de Panamá es relevante: de 299 que han llegado, solo 171 aceptaron regresarse voluntariamente. Algunos ni siquiera tienen documentos, por lo que será difícil saber si son merecedores de refugio o asilo (persecución política o religiosa, o por género o etnia). ¿Y qué pasará con los que no regresen y se queden en un limbo jurídico o personal en territorio nacional?

¿Respeta este decreto el derecho al debido proceso, respeto a la dignidad y a los derechos humanos que han caracterizado a nuestro país y nuestra política exterior? ¿Habrá más compromisos futuros? Preocupan las decisiones tomadas, pues dudo de que puedan definirse como “humanitarias”.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.

Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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