En la visita a la provincia de Limón, el presidente Rodrigo Chaves ordenó que una propiedad del Incofer fuera trasladada a la Municipalidad de Limón. Un gran logro para esa alcaldía, pero un gran desacierto para el país, ¿habrán medido las autoridades del ferrocarril las consecuencias legales por su “obediencia” a la presidencia?
En un giro de 180 grados, el presidente ejecutivo del Incofer se separó de su negativa inicial a pasar el terreno mencionado expresada dos días antes, no solo dando un voto a favor de la donación, sino también dirimiendo el empate del órgano con su doble voto como presidente.
Vale preguntarse si tanto el presidente ejecutivo como el resto de los miembros de la Junta Directiva ejercieron diligentemente sus deberes al permitir que un terreno indispensable para el servicio ferroviario actual y futuro, como se expresa muy claramente en el oficio PE-OF-0512-2022, fuera cedido sin un estudio técnico, ni un plan de contingencia, tan solo por el pedido de la presidencia.
A estos terrenos de 46.051 metros cuadrados llegan diversos ramales, ahí se encuentra el centro de operaciones del Incofer en el Caribe y se ubican las oficinas, patios y talleres del tren de carga y de transporte de turistas.
Sin conocer el valor de la propiedad, ni el costo de los activos que se perderán por no poder moverlos a otro lugar, ni contar con un plan de contingencia, ni con la aprobación de un presupuesto alternativo para la sustitución de estos activos, la Junta Directiva aprobó por mayoría la donación (acuerdo 121-2022).
Es preocupante que los miembros de la Junta Directiva del Incofer interpreten mal el concepto de obediencia debida a una persona que no es su jerarca y que con su pedido irrespeten, además, el principio de autonomía institucional. Es necesario recordarles que de su voto deberán rendir cuentas no solo a la institución, sino también al país, por tratarse de bienes públicos estratégicos para el transporte de carga y personas.
Tampoco se ha demostrado la existencia de un fin público mayor para donarlos, por ello, los órganos competentes deben investigar la validez de tal decisión, máxime que se conoce que son instalaciones fundamentales para proyectos futuros del Incofer.
nmarin@alvarezymarin.com
La autora es politóloga.
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