EscucharEn su comparecencia el 13 de setiembre en la Comisión de Hacendarios, los ministros de Hacienda, Nogui Acosta, y de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, dieron unas desacertadas declaraciones sobre el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el papel de las universidades públicas, en especial, acerca de la investigación que en ellas se realiza.
Acosta faltó a la verdad al afirmar que el FEES se da “a fondo perdido” porque, según él, las universidades públicas no rinden cuentas. Expresó, además, que no representan “capital humano para el mercado laboral costarricense”. Bogantes, por su parte, aseguró que la investigación que se realiza en las universidades públicas no es relevante para el país.
Históricamente, el FEES se ha visto como una inversión social, ya que promueve la igualdad de oportunidades y fortalece la economía al formar profesionales sumamente capacitados, así como por el producto de investigaciones de impacto en las políticas públicas, aunque la ministra Bogantes afirme lo contrario.
Según ambos ministros, no se perciben resultados tangibles o beneficios económicos directos de estos recursos. Sin embargo, esta visión ignora los impactos a largo plazo que las universidades públicas han tenido en la sociedad costarricense y global. Las investigaciones, las innovaciones tecnológicas y la formación de profesionales en las más diversas disciplinas son factores que han contribuido al bienestar social y al crecimiento económico. Además, las universidades públicas han sido fundamentales en la creación de políticas públicas, la promoción de la ciencia y la tecnología, y la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Las universidades públicas no solo han contribuido al avance del conocimiento; también han proporcionado soluciones a problemas críticos, como el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y la salud pública. Por ejemplo, investigaciones en biotecnología, agronomía y medicina han propiciado avances en la producción agrícola sostenible, la conservación de la biodiversidad y el tratamiento de enfermedades.
Asimismo, mediante las ciencias sociales se analizan fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la educación y la salud mental, proporcionando una base científica para la formulación de políticas. Muchas veces, las políticas públicas requieren una visión integral que solo las ciencias sociales ofrecen.
Estas investigaciones no siempre tienen una conexión directa o inmediata con las políticas públicas, pero a largo plazo dan soluciones innovadoras al Estado para enfrentar desafíos emergentes. Limitar el valor de estas investigaciones a su aplicación inmediata es un error, ya que la ciencia avanza de manera acumulativa y, en muchas ocasiones, los resultados más significativos surgen de investigaciones que inicialmente parecían desconectadas de las necesidades del momento.
Contrario a lo que afirma el ministro Acosta, las universidades públicas son objeto de rigurosas auditorías y de control interno, aparte de someterse a la revisión de la Contraloría General de la República. De hecho, la autonomía universitaria encuentra límites en leyes nacionales que restringen la forma en que se utilizan los recursos económicos.
La rendición de cuentas no se limita al uso del FEES; también abarca los resultados académicos, las investigaciones y los proyectos de extensión que inciden en el desarrollo del país. Los informes anuales y los estados financieros son públicos y están al alcance de la ciudadanía, lo que facilita una revisión transparente del uso de los fondos, tanto a la Contraloría como a las mismas casas de enseñanza, que año tras año ocupan los primeros lugares en transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, declarar que “la universidad pública no es capital humano” es especialmente preocupante, pues refleja una visión reduccionista del ministro sobre el papel de la educación superior. El capital humano se refiere a las habilidades, conocimientos y capacidades que las personas adquieren a través de la educación y la formación; en consecuencia, aumenta la productividad y contribuye al crecimiento económico.
Las universidades públicas, junto con las privadas, son instituciones que promueven el desarrollo del capital humano al preparar profesionales muy calificados en una amplia gama de disciplinas. El capital humano no debe entenderse únicamente en términos económicos o productivos. Las universidades públicas también cumplen un papel crucial en la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con la justicia social, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Reducir la universidad a una simple fábrica de trabajadores para el mercado laboral es ignorar su función más amplia como motor de transformación social y cultural.
En lugar de cuestionar su valor, se deben buscar formas de fortalecer la relación entre el Estado y las universidades para garantizar que sigan siendo un pilar de la sociedad. En lugar de etiquetar los recursos del FEES como “fondo perdido”, sería más constructivo fortalecer los mecanismos de evaluación de impacto y visibilizar el éxito de las universidades públicas.
A menudo, los beneficios de la inversión en educación superior no son inmediatos, pero a largo plazo se traducen en un capital humano robusto, innovaciones científicas y mejoras en la calidad de vida de la población.
Más preocupados por reducir el valor de las universidades públicas para justificar un incumplimiento flagrante del mandato constitucional, el gobierno en su conjunto debería abocarse a dinamizar la economía en los sectores que más tributos pagan —como el régimen definitivo, por ejemplo—, de manera que el producto interno bruto (PIB) no solo crezca, sino que lo haga de forma tal que cubra las necesidades del país.
Asimismo, sería bueno que, en lugar de concentrarse únicamente en el “gasto”, se ocuparan de los ingresos mediante el cobro eficiente de los impuestos (Hacienda Digital se cuece en baño maría). Si así se hiciera, no habría que entrar en narrativas maniqueas sobre si lo que se les da a las universidades se les tiene que quitar a los demás.
El autor es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.
