EscucharLa materia fiscal invita al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a moverse en forma conjunta… como un par de bailarines. El gobierno propone, la Asamblea estudia, construye, avanza y, finalmente, el gobierno ejecuta.
A hoy hemos avanzado mucho en el ajuste fiscal que el país requiere, solo falta el paso final (ley de empleo público y las leyes que darán más ingresos a la Hacienda pública), pero necesitamos que la Asamblea Legislativa baile el último son. ¿Se atreverá? Yo espero que sí.
A principios de marzo del 2020, las perspectivas fiscales se fundamentaban en los réditos asociados a la aprobación de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).
Por el lado de los ingresos, se esperaba un aumento de la carga tributaria, la ejecución de una serie de recomendaciones en materia tributaria, asociadas a las modificaciones de las leyes del impuesto sobre la renta y la implementación del impuesto sobre el valor agregado.
Mientras, por el lado del gasto, se esperaba la nominalización de los pluses salariales, menores porcentajes para la dedicación exclusiva y prohibición, así como la entrada en vigor de las normas de responsabilidad fiscal, que dotaron al Ministerio de Hacienda de mayores facultades para controlar el gasto.
En este contexto, confíabamos en cerrar el 2020 con un déficit financiero del 6,2% como proporción del producto interno bruto (PIB) y un déficit primario del 1,3% del PIB, es decir, con un significativo ajuste en el balance primario, pues en el 2019 tal balance fue negativo, por el orden del 2,8% del PIB.
Amenaza para la salud fiscal
Como se recordará, en los primeros tres meses del 2020, se registraron los menores balances primarios de los últimos 11 años. No obstante, en marzo del 2020, en las etapas iniciales de la consolidación fiscal, la crisis del coronavirus supuso una nueva amenaza para la salud fiscal de Costa Rica.
Las medidas para contener la covid-19 llevaron a que el PIB nominal costarricense mostrara en el 2020 un descenso del 3,9% respecto al nivel de producto registrado en el 2019, la cantidad de personas desempleadas se duplicó en un lapso de apenas cuatro meses, julio del 2020 fue el mes con los números más difíciles para el país, cuando se contabilizó una tasa de desempleo del 24,4% y se produjo una caída en los ingresos tributarios del -11,2%, la más grande desde la crisis de los años ochenta, que superó significativamente la registrada en el 2009 (-6,1%).
En tales circunstancias, el déficit financiero y la deuda pública tendrían un deterioro con respecto a lo previamente estimado, por ello, en aquel momento, el Ministerio de Hacienda proyectó que para los años 2020 y 2021 el déficit fiscal sería del 9,3% y del 8,1% del PIB, respectivamente, lo que representaba una desmejora de 3,1 p. p. y 1,2 p. p. del PIB con respecto a lo estimado en setiembre del 2019, cuando la pandemia no existía.
De esas cifras, una buena parte correspondía al pago de intereses sobre la deuda, equivalente a un 5,2% en el 2020 y un 5,6% en el 2021, resultado del alto nivel de endeudamiento público, el cual se estimó en un 70,2% y un 76,6% como proporción del PIB para cada año, respectivamente (algunos economistas, más amigos del revanchismo antigobierno que de las matemáticas, vaticinaban resultados mucho peores).
A consecuencia de lo anterior, las necesidades de financiamiento del Gobierno Central resultarían mayores. Se previeron necesidades de financiamiento por un monto del 14,1% del PIB para el 2020 y un 15,0% del PIB para el 2021. En principio se planificó que para el 2020 un 50% se atendería con financiamiento externo (préstamos de apoyo presupuestario).
Reducción de la deuda
El Ministerio de Hacienda, reiteradamente, planteó ante la Asamblea Legislativa y la opinión pública que la defensa del contrato social costarricense dependería en gran medida de la capacidad del Estado para reducir la deuda pública como porcentaje del PIB.
La disminución de la deuda permitiría liberar recursos que ahora son destinados al pago de intereses, y dirigirlos hacia actividades más sustantivas y con mayor beneficio para el bienestar de la población.
El panorama fiscal no era el más halagador. Un desequilibrio en el sector fiscal podría haberse permeado fácilmente sobre todos los sectores de la economía, lo cual hubiese tenido devastadoras consecuencias en forma de mayor inflación, tipo de cambio sin control y altas tasa de interés, con una consecuencia directa: incremento de la pobreza y la desigualdad, así como inestabilidad económica.
Ante esta situación, resultaba esencial contar con una hoja de ruta que le permitiera a Costa Rica regresar a una senda de sostenibilidad fiscal en el menor tiempo posible. Como gobierno, consideramos que por causa de la pandemia se requería un segundo esfuerzo de ajuste fiscal y que este sería más eficaz para mejorar la imagen del país ante los mercados internacionales de capital y los bancos multilaterales de desarrollo si contábamos con el acompañamiento técnico y financiero del FMI.
Esa ruta siempre la tuvimos clara. Si en alguna medida en forma pública dejamos momentáneamente de insistir en ella, fue tan solo porque hubiésemos facilitado las excusas que una partida de irresponsables necesitaba para paralizar al país una vez más.
Acuerdo con el FMI
Por esa razón, en enero del 2021, después de convocar a diversos sectores políticos y gremiales y de escuchar sus posiciones, se negoció con el FMI y se presentó al país el plan para el ajuste fiscal.
Acordamos una facilidad de servicio ampliado con el FMI (SAF) durante tres años y con un empréstito por un monto aproximado a $1.778 millones. Este acuerdo propiciaría la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y el acceso a fuentes de financiamiento en condiciones más favorables.
El ajuste fiscal convenido implicaba que el Ministerio de Hacienda debía ejecutar una serie de acciones de política fiscal, con el objetivo de que los balances primarios (ingresos menos gastos, descontando el pago por intereses) del Gobierno Central pasen de negativo a positivo en el menor tiempo posible. Esto, a la par de una tasa de crecimiento del PIB superior a la tasa de interés promedio de la deuda, garantizaría una reducción del peso de esta sobre el PIB.
El autor es ministro de Hacienda.
Nota: este es el primero de una serie de tres artículos.
Lea mañana: Cómo ha evolucionado la ejecución del acuerdo con el FMI
