El documento divulgado hace pocos días revisa los 30 años transcurridos desde la primera edición. Destaca múltiples logros alcanzados durante ese lapso, pero también revela un amplio —y preocupante— conjunto de retos y riesgos, a los que añado algunos. Como resumirlo aquí es imposible, me centro en los principales de estos últimos que quedaron resonando en mi mente.
Entre los más urgentes y cercanos se agolpan la acción creciente de la delincuencia organizada, los graves baches en infraestructura física y virtual, el deterioro de la educación pública primaria y secundaria, el rezago del bilingüismo y de la capacitación laboral actualizada, el debilitamiento de la matriz energética, el descuido ambiental, el hacinamiento vehicular y la crisis —real e inducida— del sistema de salud.
A la par de ellos existen desafíos estructurales a más largo plazo. El envejecimiento de la población, con su impacto en la producción, la salud y las pensiones es el de mayor calado. Añado la desconexión entre crecimiento, empleo y recaudación tributaria, la mayor desigualdad, la crisis climática, el impacto (con pros y contras) de la aceleración tecnológica y las turbulencias geopolíticas y geoeconómicas.
En la base de lo anterior está el desempeño de nuestro sistema político-institucional, con una crisis de gobernabilidad y representatividad, y un deterioro de los partidos como cadenas de transmisión de aspiraciones ciudadanas. Resultado: menor legitimidad y creciente incapacidad de gestión pública, agudizadas por el actual gobierno. Su cortoplacismo de pleito, poses y recriminaciones se ha impuesto sobre la búsqueda de la gestión estratégica. De no frenarse esta tendencia, el “debe” de la realidad nacional será cada vez mayor y el logro del bienestar integral, más distante.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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