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Tener conexión a Internet, una computadora o un teléfono inteligente no son los únicos factores determinantes del acceso universal a las telecomunicaciones que pretende la Ley General de Telecomunicaciones.
Para que ese acceso sea universal, debe acompañarse de habilidades para usar y aprovechar bien las tecnologías de la información (TIC), de modo que propicien el desarrollo humano pleno y el progreso social.
Lo que se conoce como alfabetización digital, y que el Estado Mundial de la Infancia 2017 de la Unicef incluyó como una de las seis acciones prioritarias para aprovechar el poder de la digitalización, es beneficiar a los niños más desfavorecidos y limitar el daño entre los más vulnerables.
Lo anterior implica que la adquisición de destrezas tecnológicas básicas precisan capacitación social y emocional para la autorregulación de las emociones y comprensión de las responsabilidades que conlleva desenvolverse en ambientes digitales; concientización sobre los múltiples riesgos para la integridad física, emocional y financiera de las interacciones en el entorno virtual; y otras habilidades cognitivas y metacognitivas que permitan la adaptación a ese escenario tan cambiante.
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Sin la alfabetización, la brecha digital persiste y afecta el ejercicio pleno de muchos derechos en una era en la que se habla incluso de ciudadanía digital. Actualmente, el ejercicio del derecho de ciudadanía no se limita al mundo físico; abarca el universo digital. La Unesco, la OCDE y diversos gobiernos reconocen el concepto de ciudadanía digital como el derecho a interactuar de forma activa, responsable, competente y positiva con la tecnología digital para asegurar la participación y el ejercicio pleno de las libertades individuales, sociales, culturales, económicas y políticas de las personas.
A pesar de ello, en la conversación nacional sostenida durante largos años sobre la brecha digital, han prevalecido los esfuerzos para dotar de conectividad y equipo a toda la población, pero solo no hemos logrado la cobertura total en esos dos aspectos, sino que hemos subestimado el reto y la necesidad de la formación digital, condición «sine qua non» de la ciudadanía digital.
Cambio radical
La irrupción de la covid-19 puso en evidencia no solo la necesidad de tener conectividad y aparatos, sino de saber utilizarlos para poder continuar desempeñando nuestros quehaceres y, prácticamente, para sobrevivir.
Decenas de miles de personas profesionales, pequeñas empresarias, docentes y trabajadoras de toda índole, así como estudiantes y sus madres y padres, a golpe de tambor, debieron aprender a usar aparatos, plataformas, programas y aplicaciones digitales.
El éxito ha sido muy dispar, no solo por las brechas de acceso a Internet, sino también por las diferencias de conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de información.
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La alfabetización digital debe ser incorporada a la visión nacional de desarrollo de forma transversal para que sea parte integral de toda política pública. Debe ser entretejida de forma permanente en la malla curricular del sistema educativo, desde el primer ciclo. Asimismo, debe hacerse un esfuerzo por capacitar digitalmente a las personas adultas, empezando por los funcionarios, como parte del plan de gobierno digital.
Además de llevar Internet a los parques, a los centros educativos y a todos los hogares, es necesario ampliar la cantidad y oferta de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), espacios debidamente equipados con conectividad y tecnología, en los que se prestan diversos servicios a las comunidades, como capacitación digital.
Estas son oportunidades fundamentales para la población que está fuera de la educación formal y no está insertada en actividades profesionales que de forma intrínseca permiten adquirir esas herramientas, imprescindibles hoy. Los CECI se tornan estratégicos para el éxito de la política de atracción de nómadas digitales fuera de la GAM.
Proyecto de ley
La diputada limonense Yorleni León conoce bien la limitación de oportunidades derivadas de la brecha digital (entendida como conexión + equipo + alfabetización digital), que afecta principalmente las regiones rurales, costeras y limítrofes del país. De ahí nace su determinación para promover un proyecto de ley que ponga en funcionamiento un programa nacional de alfabetización digital.
El proyecto ha levantado olas por el mecanismo de financiamiento que propone para universalizar el acceso a Internet y a las TIC. Yo misma tengo mis reservas al respecto. Pero coincido con el espíritu del plan y la necesidad de consagrar la alfabetización digital como derecho fundamental. Asimismo, es vital acoger el mandato para que el MEP incorpore, cuanto antes y de forma permanente, la formación digital en su programa curricular en todos los ciclos.
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Algunos críticos afirman que no es necesaria una nueva ley para conseguir el acceso universal a Internet ni para desarrollar el plan de alfabetización. Entonces, ¿por qué no se ha hecho?
Esta discusión es estratégica y debe mantenerse abierta hasta que se encuentren respuestas satisfactorias y opciones viables para concretar la meta en todo el territorio. Es una necesidad para el desarrollo individual integral de cada costarricense, así como para el progreso socioeconómico y la competitividad del país.
Aun quienes adversan ese aspecto del expediente 22206, difícilmente encontrarán razones válidas para oponerse a que se establezca por ley que la alfabetización digital es un derecho fundamental y, como tal, el Estado debe incorporarlo como eje de política pública y garantizar su gozo pleno. Hay que encontrarle la comba al palo para que el acceso universal a Internet y a las TIC y el plan de alfabetización digital sean una realidad.
La autora es administradora pública.
