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El decreto ejecutivo para la creación de un sistema para rastrear ganado es inoportuno e inconveniente. No es más que un intento de imponer un modelo que ignora la realidad costarricense y amenaza con excluir a los productores de menos recursos.
Pretende que en solo 18 meses se reemplace el sistema progresivo y adaptado que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) ha utilizado durante muchos años por uno costoso, de difícil puesta en funcionamiento y de dudoso éxito.
El argumento con que fue presentado giraba en torno a que la trazabilidad abriría el mercado europeo a los ganaderos costarricenses; sin embargo, la realidad es que el país no cuenta con mataderos certificados para exportar carne a la Unión Europea.
Además, la zonaeuro exige más que trazabilidad: requiere controles en bienestar animal, manejo ambiental y condiciones laborales que la mayoría de las fincas costarricenses difícilmente son capaces de cumplir, independientemente de la identificación y el registro de sus animales.
Hermosa ilusión
El decreto es una nueva visión simplista del gobierno a problemas complejos. Si la trazabilidad se define como una herramienta de gestión sanitaria, será para promover intervenciones rápidas y focalizadas frente a los riesgos, pero a costa de minimizar los efectos en la salud humana y animal.
Esto no garantiza la inocuidad de los alimentos. Para ello, hay normas, procedimientos y estándares sanitarios en Costa Rica que protegen la seguridad alimentaria en cada etapa de la cadena.
Varios medios de prensa, perfiles en las redes sociales y otros espacios difundieron una serie de quejas de productores y transportistas de ganado. Hasta ahora, los problemas del decreto ejecutivo se reducen a los quejosos. Es solo un adelanto de lo que vendrá.
El decreto prohíbe la comercialización de animales no registrados conforme a las nuevas exigencias. Muchos ganaderos resultarán afectados una vez que entre en plena vigencia.
Nadie dice que la trazabilidad no sea una herramienta necesaria; sin embargo, los cambios en una cadena de valor tan diversa y compleja como la ganadería bovina exigen una estrategia inclusiva, progresiva y focalizada en la realidad del sector.
Esto no pasa cuando la vanidad política sitúa la velocidad y el espectáculo por sobre la sostenibilidad y la adaptación real. Ni que decir cuando estamos sumidos en una crisis sanitaria por la epidemia del gusano barrenador, que se podría agudizar si el decreto empieza a regir.
En qué consiste
Según el mandatario, esta “decisión gerencial” no solo abriría el acceso al mercado europeo de carne bovina, sino que también combatiría el robo y el contrabando de ganado; además, optimizaría la eficiencia de las fincas y garantizaría al consumidor nacional mayor seguridad en los productos cárnicos.
El proyecto consiste en crear un “registro civil” para el ganado, asignando a cada animal un número de identificación único, visible en aretes con chips que permitan el seguimiento electrónico.
El sistema registrará datos, como la identificación de los padres, raza, sexo y cada movimiento geográfico del animal. Así, se aspira a conocer la trayectoria desde su nacimiento hasta su destino final. Una idea ambiciosa que promete una transformación en la historia de la ganadería costarricense; no obstante, augura un parto difícil.
La rastreabilidad, al igual que la bioseguridad, adquirió relevancia en Europa en los noventa y principios de este siglo. Nació como una medida de emergencia para reactivar la industria de la carne bovina, afectada por la crisis de la enfermedad de las vacas locas y el temor de la de transmisión a las personas. De hecho, generó una especie de psicosis colectiva.
Bajo este paradigma se diseñó un sistema de trazabilidad europeo para seguir a cada animal a lo largo de toda la cadena de valor, incluso retrospectivamente hasta sus padres y, prospectivamente, hasta sus productos.
Si bien fue un modelo complejo y costoso, se afianzó desde la crisis causada por la carne con dioxinas a finales de los noventa.
La Organización Mundial del Comercio (OMC), impulsada por la certeza de que las regulaciones iban a traducirse en barreras comerciales, estableció con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Codex Alimentarius, una serie de principios generales para que los países desarrollaran su propio sistema de trazabilidad.
La OMSA, consciente de que cada nación tiene su propia realidad sanitaria, su propio riesgo zoonótico, características de producción animal y otras consideraciones económicas, tecnológicas y culturales, promovió que cada programa de trazabilidad fuera particular en cada país.
Trazabilidad desde el 2010
Costa Rica incorporó por primera vez el concepto de rastreabilidad en la Ley del Senasa en mayo del 2006, que concede a la institución el poder de reglamentar y fiscalizar la trazabilidad de animales, productos de origen animal e insumos de producción.
Por ello, desde el 2010, el Senasa cuenta con sistemas de rastreabilidad para diferentes especies y productos de origen animal, en consonancia con los estándares internacionales.
Creó también el Sistema Grupal de Rastreabilidad Bovina, que permite dar seguimiento a los animales desde su procedencia hasta los puntos de venta o mataderos, con los requisitos de los mercados a los que hemos exportado, y abrió nuevos, como China y Rusia.
Validado por auditorías de países importadores y la OMSA, el sistema es modelo para otras naciones. Además, en el 2013 se lanzó el Sistema Nacional de Identificación y Registro Individual del Ganado Bovino y Bufalino (Sirigabb), una opción voluntaria para ganaderos que procuran diferenciar sus productos y penetrar mercados exigentes en trazabilidad.
Incluso, en el sistema de información VAMPP Bovino, que desarrollamos en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, está incorporado el módulo que lo posibilita, producto de un trabajo conjunto con el Senasa.
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.
