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Una sencilla definición de la palabra «integridad» plantea que es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Una persona íntegra es aquella que conduce su vida con rectitud, honradez, guarda coherencia entre lo que dice y lo que hace, respeta a los demás y se responsabiliza por sus actos. Entonces, si hay alguien capaz de disminuir los actos de corrupción que ocurren en el país es cada uno de nosotros.
En cambio, tristemente, la tolerancia hacia la pequeña corrupción parece ser bastante alta en el país. Si se puede, se justifica el pago de sobornos para brincarse la fila, obviar algún requisito, aligerar un trámite o evitar una multa, o falsificar un dictamen médico para recibir una vacuna anticipadamente, pagar en privado una operación en un hospital público y, así, una amplia lista. Tan extendidas están estas conductas ciudadanas que cuentan con su propia nomenclatura popular: «mordidas», «biombos», «chorizos», «cirugías fantasmas», etc.
Estos abusos son amenazas a la cultura de legalidad y al Estado de derecho, causan enormes costos a toda la sociedad y generan un acceso desigual a los servicios públicos para los que pueden pagar el sobrecosto. Un 77 % de las personas reconocen que la corrupción afecta su vida cotidiana, según la «Encuesta nacional de prevención de la corrupción 2020».
En el fondo, los escándalos de corrupción de alto perfil como el caso Cochinilla son la expresión agigantada de las transgresiones que se aceptan en lo micro cuando nos convienen por un interés personal, aunque se condenan enérgicamente cuando las comete alguien más.
Ciertamente hay muchos pendientes normativos e institucionales en esta materia; sin embargo, la tolerancia ciudadana a los actos de corrupción limita cualquier esfuerzo, pues cuando se percibe la corrupción como normal, o como algo que no es dañino para el resto de la sociedad, se desalienta la responsabilidad personal, la denuncia, el control ciudadano y la desaprobación social de los actos de corrupción. Según la misma encuesta, solo un 7 % de las personas denunciaron un acto corrupto que atestiguaron o del cual se enteraron.
La recién presentada Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (Enipc) parte de estas preocupantes constataciones para privilegiar un enfoque preventivo que se echa de menos en el país y que contribuiría a atender algunas de las raíces del fenómeno de la corrupción.
En los 5 ejes, 17 objetivos de trabajo y 59 actividades se trata de fortalecer la ciudadanía activa como el agente principal de este combate. Para lo cual se integraron a esta Estrategia distintos compromisos que tiene el país con órganos internacionales, marco normativo existente, propuestas contenidas en diagnósticos previos que habían sido ignoradas, señalamientos de estudios de opinión y la opinión de especialistas y ciudadanía interesada. Hasta se desempolvaron valiosas recomendaciones dadas por la mesa anticorrupción del proceso de concertación nacional del 2008.
El objetivo de la Estrategia es articular y alcanzar objetivos comunes que, hasta ahora, se han desarrollado de manera fragmentada y con escasa participación ciudadana. Quienes toman las decisiones ya cuentan con una ruta. No tenemos tiempo para ocurrencias. Son cinco grandes temas clave, que plantea la Estrategia, para mejorar sustancialmente la situación actual: gobernanza del sector institucional anticorrupción, gestión del talento humano, participación ciudadana, riesgos de la interacción entre el sector público y el privado y el acceso a la información.
Por ejemplo, la Estrategia establece como uno de los objetivos la educación sobre integridad y anticorrupción y fiscalización ciudadana por medio de programas dentro del sistema formal en todos los niveles —desde preescolar—, campañas y otras iniciativas de sensibilización.
Propone, también, la revisión de los canales de denuncia y la protección para los denunciantes de hechos de corrupción, que facilite a las personas empoderadas, informadas y protegidas involucrarse en la solución.
Se integra al sector privado como uno de los pilares de esta lucha y se fomenta el desarrollo de programas de «compliance» (cumplimiento), en consonancia con las leyes recién aprobadas.
A la Estrategia le queda un largo camino de ejecución y monitoreo; sin embargo, el mensaje inmediato es que sí hay algo que se puede hacer, que necesariamente depende de una respuesta coordinada, interinstitucional, con sustento técnico y que aproveche el momento actual de malestar para desplegar lo mejor de las capacidades institucionales con las que se cuenta. El grupo de trabajo multiactor que creó la Estrategia es una prueba de la voluntad de trabajo y transferencia de conocimiento de distintos sectores.
La Estrategia es un marco para el país, pero no es la panacea, porque el cambio nos requiere a todos. Así, que si usted es de las personas cansadas y frustradas con las noticias de corrupción y quiere brindar su aporte para cambiar la situación, mi sugerencia es que empiece la lucha en su metro cuadrado. En su entorno, diga que no a los sobornos, sea intolerante frente a los actos de corrupción, denuncie y participe cada vez que pueda en actividades contra la corrupción.
evelynvillarreal@estadonacion.or.cr
La autora fue cocoordinadora de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (Enipc).
