Tiene razón el presidente Nayib Bukele cuando dice que no es un dictador. Para llegar donde está, ha cumplido con la legalidad de su país. Eso sí, comenzará a ser un dictador, democráticamente elegido, el día en que sus conciudadanos, por aplastante mayoría, voten para mantenerlo en el cargo, pese a que la Constitución no lo permite.
En efecto, ese texto dice que no podrá ser candidato a la presidencia quien la haya desempeñado por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
La cosa parece bastante clara, pero a veces a las normas, por una razón o por otra, se las pone a decir lo que no dicen. En ocasiones, la razón para que ocurra así puede ser justa; en otras, solo necesaria. En este último caso, se trata de buscarle la comba al palo: se le da un empujón al legislador, a su voluntad regulatoria, y la legalidad sale del ruedo.
En algún momento aprendí que en el tipo de sistema político en que vivo ni siquiera el pueblo está por encima de la Constitución. Y eso que a principios de siglo reforzamos normativamente su presencia en el gobierno, el futuro dirá si para bien.
Más adelante me enseñaron que si una nación valora alguna cosa más que la libertad, perderá la libertad. El otro día, un amigo perdió la paciencia, no creo que la cordura, y exclamó: “¡Oh, Centroamérica, Centroamérica! Ahora hay elecciones en uno de tus países: la experiencia me dice que acabarán por ser simplemente la antesala del exilio o de la cárcel”.
¿Recuerdan al rebelde desconocido, el hombre que enfrentó él solo una potente batería de tanques en la plaza de Tiananmén? Era 1989. Del episodio, quedan fotografías que acreditan la realidad del acontecimiento. Esas imágenes, ¿demuestran locura o apremiante convicción de libertad?
Ahora mismo, el admirable empecinamiento del obispo Rolando Álvarez es lucidez, no tozudez. Independientemente de su dimensión religiosa, los suyos son actos de esclarecedoras consecuencias políticas. Desde mi perspectiva, esta convergencia de sentidos recuerda la historia del hombre que en pleno dominio nazi, a raíz de una agresión contra la iglesia, dijo: “Por el amor de Dios, hoy hasta es necesario luchar para defender una fe que uno ni siquiera tiene”.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.