Cuando se está en una situación terminal, sería justo recibir los recursos del ROP inmediatamente; sin embargo, el Congreso debe evitar ambigüedades en la definición del acceso a ese fondo de pensiones
Nunca han faltado razones “de peso” cuando de meter un mordisco al ROP se trata: pagar deudas, la pandemia, los cotizantes saben administrar mejor el dinero, las operadoras son chuleadoras, los empleados de las operadoras ganan salarios como magnates, es un ahorro, la deducción es un asalto a mano armada y no falta la pregunta para qué tener dos pensiones, y algunos hasta para qué tener tres. La creatividad es infinita, lo cual es bueno para quien se dedica a alguna rama de las bellas artes.
Pero el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) no es un cuadro para pintar a placer ni una escultura para moldear a gusto del cotizante. Es un fondo alimentado durante los años productivos. Es como sembrar un árbol cuando se es joven, verlo crecer y abonarlo para algún día comer sus frutos.
Recordemos: el ROP se compone de los aportes equivalentes al 4,25 % del salario reportado en las planillas de la CCSS. De este porcentaje, un 1 % es aportado por el trabajador y el resto por el patrono.
Pero cuando se está a las puertas de la muerte, sería justo recibir los recursos inmediatamente, como bien lo interpretó la Sala Constitucional en 12 acciones falladas a favor de los recurrentes. Son casos excepcionales y de una gran muestra de solidaridad. Por eso los diputados deben prestar atención antes de aprobar la reforma del último párrafo del artículo 22 de la Ley de Protección al Trabajador, como acaba de prevenirnos Rocío Aguilar, superintendenta de pensiones.
“Si bien esta iniciativa responde a una necesidad legítima de quienes enfrentan situaciones de salud críticas, es fundamental que se establezcan límites claros para evitar efectos indeseados en el sistema de pensiones y en la estabilidad financiera de las personas”, explicó Aguilar en su artículo “Retiro del ROP por enfermedad” (6/9/2024).
La ambigüedad del concepto “enfermedad grave” en la enmienda daría lugar a múltiples interpretaciones, y la ministra de Desarrollo Humano, Yorleny León Marchena, acaba de mostrarnos una foto del futuro: el “sistema público no podrá atender todas las necesidades de los adultos mayores”, razón de más para precisar, sin dejar cabos sueltos, cuándo es momento de cortar algunas ramas del “árbol” por justificada necesidad.
Guiselly Mora, editora de Opinión de La Nación, es periodista, correctora de estilo, especializada en literatura latinoamericana, administradora familiar, escritora y experta en cocina internacional.
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