EscucharPara hacer un recuento de las principales acciones económicas emprendidas o pendientes, tras 15 meses de gobierno, debe tenerse en cuenta el estilo de trabajo, definitivamente, controvertido.
Aun así, parece del agrado de buena parte de la población y hasta de diputados de oposición, como cuando generosamente aprobaron la emisión de eurobonos por $5.000 millones, aunque el gobierno pidió solamente $1.500 millones. Este estilo, de alguna manera, explica el trasfondo de muchas de sus actuaciones.
En primer lugar, es destacable el cumplimiento de la promesa de eliminar la arbitraria restricción a la importación de aguacates de México, impuesta por el gobierno de Luis Guillermo Solís. Es saludable para la competencia del mercado nacional y terminó con la práctica deleznable de discriminar mercados específicos con la exposición a sanciones internacionales.
También, son relevantes las medidas decretadas para tratar de bajar el costo de los medicamentos, aunque ineficaces, pues persisten las barreras de entrada al mercado. Deben facilitarse mecanismos para fomentar importaciones de terceros países y promover el arbitraje. Si bien se sabe sobre el efecto del poder monopólico de grupos farmacéuticos, se desconocen gestiones para superarlo.
La ruta del arroz es un programa en la dirección correcta. Los arroceros denunciaron el retiro de una cantidad considerable de productores y la reducción del área de siembra, pero sin una reducción significativa del precio. Esto denota una positiva reasignación de los recursos productivos.
La ruta, no obstante, parece varada a medio camino, pues no se percibe la baja de precios prometida al consumidor, aparentemente por el poder monopólico de los importadores. No se conocen acciones oficiales para romperlo.
Las distorsiones en los mercados de otros productos como azúcar, carne, lácteos, transporte público, etc., causan enorme daño a los ingresos de los consumidores. No se han planteado acciones para eliminarlas.
Promoción de la competencia
Uno de los caminos obvios para disminuir el daño causado por el poder monopólico a los mercados locales sería el fortalecimiento de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom). Esta instancia se creó como prerrequisito para la incorporación a la OCDE, pero más parece una imposición sin convencimiento local.
Ni los gobiernos anteriores ni el actual han mostrado interés en convertirla en un verdadero ariete para romper barreras dañinas para los consumidores. Por el contrario, casi parece una acción premeditada el promover su estrangulamiento, empezando por su limitación presupuestaria.
El anuncio del Ministerio de Economía de crear una aplicación para permitir a los consumidores la comparación de precios entre los comercios de su zona geográfica parecía promisorio. Hasta ahora, su alcance es débil y reducido y está lejos de convertirse en un instrumento útil para favorecer la competencia.
Una medida muy saludable impulsada por el gobierno fue el decreto y posterior proyecto de ley para eliminar la incorrecta práctica de tarifas mínimas de los colegios profesionales.
El gobierno envió el proyecto a la Asamblea Legislativa. Los diputados decidieron continuar con esta odiosa práctica de proteger a grupos de interés. Esto perjudica gravemente a la población, al impedir contar con tarifas asequibles. También perjudica a los nuevos profesionales o sin especialización, pues se les impide competir para atraer clientes.
Recursos naturales
La explotación de los recursos naturales es irrenunciable. La iniciativa de explorar el valor de las supuestas reservas de hidrocarburos es positiva. Si son valiosas, vale la pena dar la pelea por aprovecharlas. Sin son poco prometedoras, es innecesario entrar en conflictos. Pero negarse a averiguarlo no tiene sentido.
Tal como sucede con los hidrocarburos, debe actuarse con otros recursos desaprovechados. Crucitas y su oro, actualmente, están en total abandono. No parece haber intención de resolverlo y más bien da la impresión de ser permisivos con la explotación ilegal para llevarlo a Nicaragua y contaminar el ambiente. ¿Por qué no reconsiderar la concesión y tratar de evitar un enorme pasivo para el país si la demanda de arbitraje prospera?
Tipo de cambio, precios y marchamo
La disminución del tipo de cambio está sustentada en el endeudamiento público, bajo el dudoso argumento de cambiar deuda cara por deuda barata. Si bien un tipo de cambio bajo puede ser sostenible por algún tiempo, podría revertirse en el futuro, cuando se deba repagar deudas, salvo si el ingreso de inversión extranjera directa aumenta exponencialmente.
Esto tiene un límite en la disponibilidad de recursos locales, especialmente capital humano calificado. Paradójicamente, la ruptura del gobierno con Cinde es desacertada, parece el desmantelamiento de un modelo exitoso.
La población se queja del alto costo de la vida, a pesar de la deflación. Y tiene razón. La deflación es asimétrica y causada por el tipo de cambio. Los bienes importados son los beneficiados, pero su efecto no se ha transmitido a los precios de la canasta básica, agravado por el fenómeno de El Niño sobre la agricultura
Hay una notable mejora fiscal, achacable a la regla impuesta en el 2018. Sin embargo, no se observa un genuino convencimiento oficial sobre la necesidad de fortalecerla. La aplicación desbalanceada produce una reducción subóptima del gasto, pues mantiene gastos en áreas improductivas mientras reduce en otras de gran utilidad, por ejemplo, en la inversión pública. Las buenas prácticas de gobierno recomiendan una reducción inteligente del gasto.
El debate por la reducción del marchamo surge como una oportunidad de oro para ensayar una disminución inteligente del tamaño del Estado. Hay acuerdo generalizado respecto al mal diseño de este impuesto, al hacerlo depender exclusivamente del valor de los vehículos. Es una falacia creer en este gravamen como instrumento adecuado para redistribuir el ingreso.
Empleo
Uno de los problemas más serios enfrentados actualmente es la alarmante destrucción de empleos. En vez de buscar explicaciones válidas y soluciones eficaces, los funcionarios ensayan dudosas explicaciones. Sostener una estructura ineficiente del Estado mantiene empleos en este sector, probablemente de baja o muy baja productividad, pero con ello sacrifica la creación de empleo en el sector privado, probablemente de mayor utilidad. Como decía don Eduardo Lizano hace muchos años, es cuestión de escoger a quiénes queremos mantener en el desempleo.
De los resultados más preocupantes está la caída en picada de la construcción pública. Hay una falsa ilusión en la mente popular surgida de la inauguración o avance, de hecho con retraso, de algunas obras heredadas de administraciones pasadas. Pero las cifras de inversión son alarmantes.
En vez de promover nuevas obras, el gobierno parece más interesado en rescindir contratos y abandonar proyectos en lugar de acelerarlos.
En resumen, el gobierno ha hecho buenos intentos por rectificar ciertas distorsiones. Algunas parecen haber sido dejadas de lado, a otras quizás les falte tiempo, pero indiscutiblemente debe apurar el paso si pretende culminar una labor exitosa.
El autor es economista.
