Algunos sectores han reaccionado a las revelaciones sobre los altos salarios del sector público y afirman que el malo de la película no es el Estado, con sus pagas millonarias, pluses salariales, topes de cesantía de 20 años y generosas convenciones colectivas. Es el sector privado el que merece escarnio por no darles los mismos beneficios a sus trabajadores. ¿Será que los empresarios no pagan mejor por puro gusto?
La socióloga Montserrat Sagot dice que esos salarios denunciados son “los resabios de un Estado social de derecho que garantizaba estabilidad laboral y derechos a las personas”. El corolario es que la empresa privada, donde trabaja el 77% de los costarricenses, no remunera decentemente ni brinda garantías laborales. Otros gustan citar que el 30% de los patronos supuestamente incumple el salario mínimo.
El divorcio con la realidad de este argumento es inaudito, ya que pasa por alto el hecho que los salarios del sector público no se pagan con maná, sino con gravámenes y tarifas extraídas del sector privado, constituido en más de un 90% por micro y pequeñas empresas. La factura no es modesta: el Banco Mundial señala que el empresario promedio en Costa Rica paga un 58% de sus ganancias en impuestos, un monto más elevado que en los países desarrollados.
A pesar de ser generada mayormente por fuentes hidroeléctricas que son más baratas, el costo de la electricidad es bastante alto y viene en aumento. Los precios de los combustibles se encuentran entre los más onerosos de Centroamérica. Y cuando se acaben los eurobonos y el Estado deba recurrir exclusivamente al mercado interno para su endeudamiento, veremos cómo las tasas de interés se dispararán, añadiéndole un fardo más a la economía.
Altos impuestos, servicios públicos caros e ineficientes y elevadas tasas de interés: es así como el sector privado paga por las conquistas sociales de las que se precia la burocracia. A esto, sumemos los costos de la asfixiante regulación estatal y una pésima infraestructura y caeremos en cuenta de que a mucho empresario apenas le alcanza para salir adelante.
Un informe del Global Entrepreneurship Monitor encontró que la actividad emprendedora en Costa Rica ha caído un 35% desde el 2012. Cifras del INEC indican que desde el 2008 ha habido una pérdida neta de 3.949 negocios.
El Estado, cual matapalo, está estrangulando al sector privado. La pregunta es quién pagará los jugosos salarios públicos si el árbol se llega a secar.
(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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