Quien logre realizar un estudio objetivo y explicarle al país qué ha pasado –y por qué– en el sistema vial del país, al menos durante en los últimos 10 años, merece el reconocimiento nacional. Durante este tiempo, hemos estado leyendo, con estupor, la historia vial de nuestro país, que figura en la prensa nacional, y a fe nuestra que no hemos logrado entender qué ha ocurrido; esto es, cuáles han sido las causas y las consecuencias de este soberano enredo burocrático-ingenieril. Pueda ser que algún ratón de biblioteca haya podido descifrar este enigma, pero esa obra monumental permanece aún en el misterio.
El MOPT invirtió ¢33.000 millones en tres obras viales deficientes. Se trata de la trocha fronteriza con Nicaragua, el arreglo en el puente de la platina y trabajos en la carretera Bernardo Soto, del cruce de Manolo’s al aeropuerto Juan Santamaría, que se hicieron a la buena de Dios. Estas obras consumieron recursos derivados de los peajes, el impuesto a los combustibles y rubros contenidos en el presupuesto del Ministerio. Estos recursos habrían sido suficientes, además, para hacer una serie de obras pendientes. La Contraloría General de la República declaró que estas obras “carecían de funcionalidad y de seguridad vial, por cuanto no se usaron planos ni estudios apropiados”. Por su parte, la platina n ecesitó arreglos por $10 millones que, a la postre, no solucionaron nada.
Carlos Fernández, quien llevó a cabo los diseños al MOPT, para reparar el puente, expresó que los arreglos no fueron los apropiados, que no es sino la reiteración de parecidas críticas en diversos proyectos, sin que, en verdad, se tenga claro qué fue lo pasó ni quiénes fueron los responsables. Quienes hemos seguido este largo y triste historial y recurrimos a las oficinas públicas en demanda de información para conocer la verdad, tampoco podemos cerciorarnos de nada.
Estas congojas y sobresaltos en materia vial me persiguen desde hace mucho tiempo. Desde que le escuché decir a un expresidente de la República que uno de sus más grandes errores fue no haber cerrado el MOPT. Ignoro si esta era la solución, pero cuando escucho las declaraciones, muy puestas en razón, de algunos profesionales que han laborado en este ministerio, no tengo la menor duda de que su enfermedad es la misma que aqueja a diversas instituciones públicas: la partida de los mejores, la pérdida de la experiencia y los bajos salarios. Estas consideraciones, referentes a un solo ministerio, pero extensibles a buena parte de la Administración Pública, también en crisis, nos inducen a preguntarnos cuál será el futuro del Estado costarricense.
Esta raquítica campaña electoral, sin debates y sin soluciones, nos retrata lo que nos espera.
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