El matrimonio igualitario secuestró el debate electoral y obstaculizó la discusión de urgentes problemas nacionales. La opinión consultiva de la Corte Interamericana también reconfiguró la contienda electoral. Se constituyó en un parteaguas. Buena parte del electorado se deslizó en una u otra dirección con ese único tema en mente. No hay otra forma de explicar el sorpresivo surgimiento a los dos primeros lugares de las fuerzas políticas con posiciones mejor definidas en esa materia.
La misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó nota del fenómeno y sugirió hacer el tema a un lado en la segunda ronda para abrir espacio a la discusión del resto de la agenda nacional. Es un buen consejo. El caso no solo desvía el debate, también lo envenena.
Por otra parte, la última palabra podría no estar en manos de los políticos. La Sala Constitucional se pronunciará sobre la obligatoriedad de la opinión consultiva. Si reitera la jurisprudencia dictada hasta ahora, habrá matrimonio igualitario. Si la cambia o dimensiona de otras maneras, probablemente exija respeto a derechos patrimoniales y civiles de las parejas del mismo sexo, pero deje a voluntad del legislador si lo llama matrimonio. El propio candidato presidencial de Restauración Nacional se ha mostrado abierto a reconocer los citados derechos.
Si la Sala IV, que no está vinculada por su propia jurisprudencia, replantea lo dicho hasta ahora sobre las opiniones consultivas o procura una interpretación diferente, los disconformes podrán acudir, de nuevo, a la Corte Interamericana para preguntar si la decisión resultante satisface las exigencias del Pacto de San José.
En cualquiera de esos escenarios, la influencia de los partidos políticos es limitada. El caso está en manos de los jueces. Podría quedar zanjado con la reiteración de la jurisprudencia, con una reinterpretación o con otro viaje a la Corte Interamericana, de donde emanaría la última palabra.
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Cuando mucho, los partidos podrían aspirar a influir en las definiciones de una futura ley de sociedades de convivencia, si la Sala entendiera como suficiente el reconocimiento de derechos patrimoniales y civiles, o a representar al Estado en nuevas gestiones ante la Corte Interamericana, si el asunto llegara hasta ahí. ¿Para qué mantener el tema en el centro del debate político? La crispación social es un alto precio que pagar y un mal augurio para el nuevo gobierno, no importa de qué partido.
El autor es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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