EscucharNo hay forma de adelantar el éxito o fracaso de una inversión de $700 millones para resolver el problema de la infraestructura crítica a través del préstamo más cuantioso aprobado por el BCIE al gobierno de Costa Rica, pero hay dos experiencias sobre los riesgos: una inmediata y otra antigua.
La Contraloría acaba de referirse al préstamo de $270 millones concedido en el 2021 por el BCIE para crear un fondo de avales. Como el país fue incapaz de utilizarlo según lo estipulado en la ley, se pretende destinarlo a otras necesidades.
La cuenta en intereses por recursos ociosos ya alcanza los $22 millones, mientras la inversión social del Estado en educación, salud, pensiones y combate de la pobreza anda de capa caída.
La experiencia anterior a esta la sacó a colación el directivo José Francisco Pacheco Jiménez, el 9 de marzo del 2023, cuando el Banco Central analizó los pros y los contras del crédito del BCIE.
Pacheco se refirió a “aquel famoso proyecto de Limón Ciudad Puerto que tenía características muy parecidas” al controvertido plan de los $700 millones.
El objetivo de Limón Ciudad Puerto era la restauración de edificios, recuperación de espacios públicos y control de inundaciones, financiados con $72,5 millones provenientes del Banco Mundial y una contrapartida del gobierno por $7 millones.
A finales de junio del 2014, casi cinco años después, cuando el país tomó conciencia del fracaso, el avance era de un 30,71 % y la ejecución ascendía a $8,8 millones, según datos de la unidad coordinadora a diciembre del 2013.
El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap) denunció en el 2010 que las 12 unidades ejecutoras no habían completado ninguna obra. Además, se pagaban salarios elevados a personas que visitaban Limón sin resolver los problemas.
Una planilla de 22 personas costó ¢570 millones, y tanto el Estado de la Nación como la Contraloría señalaron errores evidentes. El Banco Mundial reconoció la limitada experiencia técnica y operativa del personal y la ausencia de los jerarcas responsables en las reuniones de coordinación.
Cynthia Flores, vocera del Banco Mundial en Costa Rica, calificó el proyecto de “muy complejo”, y esa fue la causa de la afectación del avance de la iniciativa, ¡de “apenas” $80 millones y únicamente en una provincia!
A pesar de la urgencia de las 502 obras y los intentos de los diputados por introducir mecanismos de control para el uso adecuado de los $700 millones, las experiencias deben tomarse muy en serio, sobre todo, en un país donde son prácticas comunes retrasar, solicitar prórrogas, pagar sobreprecios y, ¿por qué no decirlo sin rodeos?, la corrupción.
Adicionalmente, la tasa de interés es sumamente elevada y el gobierno ha dado muestras de querer imponer modelos de trabajo sacrificando la transparencia, principalmente, en contubernio con el BCIE, amén de la defensa a ultranza de la necesidad de contratar cinco empresas para la ejecución de los $700 millones y las contradicciones entre los jerarcas acerca del depósito de la información en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Mideplán.
Silvia Charpentier Brenes, también miembro de la Junta Directiva del Banco Central, no pudo ser más clara: “Estamos hablando de 700 millones de dólares”.
La suma es casi nueve veces mayor que la de Limón Ciudad Puerto y, por segunda vez, estará a cargo de una complicada red de administradores, algunos de los cuales, diría Cerati, “siguen hasta hoy”.
El Estado tiene alternativas con otros bancos en mejores condiciones y menos opacidad, así como las alianzas público-privadas para algunos de los proyectos, que trasladan el riesgo al concesionario y la inversión privada demanda mano de obra poco calificada, la cual, debido al “apagón educativo”, desafortunadamente abunda.
Otras opciones han sido expuestas en estas páginas por el economista Federico Villalobos Carballo. En su artículo “Infraestructura abandonada” (25/9/2022) planteó el pago por el uso de la infraestructura y la optimización de los activos, además de de las APP.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.
