EscucharCon medidas fiscales como única vía, el país no saldrá del atolladero. Es necesaria una combinación simultánea de cuatro estrategias: iniciar un proceso serio de desregulación para disminuir el altísimo costo de legalidad que tanto los ciudadanos como empresas pagan por operar, simplificar al máximo posible el sistema tributario, detener el derroche del gasto mediante una revisión de la tendencia creciente del costo de los contratos públicos y, la más preponderante, entender que no hay mejor revulsivo para reducir el déficit presupuestario que el crecimiento económico.
LEA MÁS: Gobierno reporta superávit primario por primera vez en 11 años
En relación con lo primero, cabe aclarar que el denominado costo de legalidad no es otra cosa que la cantidad de horas y recursos que ciudadanos y empresas gastan para estar «a derecho», esto es, al día con el Estado.
Según investigadores, como el economista peruano Hernando de Soto, hay una proporción inversa entre ese costo y la capacidad productiva de las sociedades abiertas. En otras palabras, cuanto más elevado sea el costo de la legalidad, menor será la capacidad productiva de la sociedad.
Es indispensable hacer un inventario de desregulación y, por la ingente naturaleza de la tarea, el Ministerio de Planificación es la entidad apropiada para llevarla a cabo.
Acciones ilustrativas. Dos ejemplos que reflejan la inflación regulatoria en la que estamos son algunas medidas que deben ejecutarse de inmediato, que consisten en eliminar absurdos, como la obligatoriedad a la que están sometidas miles de empresas nacionales de volver a registrar cada año su capital accionario.
Lo sensato es que se actualice únicamente en caso de que exista variación. ¿Qué sentido tiene realizar la engorrosa gestión de reportar todos los años la misma información original que ya el Ministerio de Hacienda posee?
LEA MÁS: Contraloría advierte mayor riesgo en deuda del Gobierno por tres factores
El otro es corregir la disposición de exigir doble seguridad social a los pensionados rentistas, incluso en circunstancias en las cuales demuestran que ya cuentan con algún tipo de cobertura internacional, la mayoría de estas brindan servicios más sofisticados que los ofrecidos por la nuestra.
El doble pago encarece enormemente su estadía en el país y origina que hayan dejado de radicarse aquí o se fueran a otros destinos, como el sur de Panamá.
En relación con el segundo aspecto, simplificar nuestro sistema tributario, significa, entre otras medidas, facilitar el cobro de los impuestos, fusionar algunos de los existentes y, si es posible también, un análisis a fin de aplicar un recorte en los porcentajes de cobro de algunos de ellos, como señal de confianza para el sector productivo.
E incluso, estudiar la posibilidad de utilizar estrategias que han resultado exitosas en otras naciones, como lo es, por ejemplo, un modelo similar al flat tax, que aumentó la recaudación en los países de Europa del este.
LEA MÁS: ‘Terra incognita’
Contratos públicos. La tercera estrategia consiste en detener el derroche causado por la tendencia creciente y generalizada del aumento en el costo de los contratos públicos, entre otros, cuatro acuerdos firmados por la Administración Pública a un precio desproporcionado.
Tal es el caso del incremento de $10,5 millones en el contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) para la construcción de la vía hacia Lindora, lo cual se tradujo en un excesivo precio total de casi $20 millones por tan solo dos kilómetros de carretera.
También, el leonino valor del sistema de cómputo del Ministerio de Hacienda, por la exagerada suma de $156 millones, y el altísimo gasto y costo que representa en plena pandemia, que asciende a $54 millones, para las cámaras de vigilancia en carreteras, en momentos cuando no puede ser prioridad un contrato tan caro.
Otro hecho es la planta Reventazón, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con un sobreprecio de $600 millones, cuyo costo final fue de $1.500 millones, la cual produce apenas la mitad de lo prometido. En fin, el problema del derroche del erario debido a contratos abusivos se las trae.
El déficit fiscal puede reducirse como consecuencia de su carácter relativo. Ilustro el punto con un ejemplo básico: no es lo mismo una deuda pública de $40 billones en una economía anual de $67.000 millones que lo que esa misma deuda podría significar si se logra hacer crecer la economía mediante la oferta de nuevos servicios a gran escala mundial.
Los servicios sofisticados de gran calado son más indispensables que nunca, como lo hice ver en un reciente artículo publicado en este diario con el título «Cuatro proyectos para desarrollar sin dinero del Estado» (27/4/2021).
El autor es abogado constitucionalista.
