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El traumatismo político, producto de los acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del 2020 y los desafíos propios de la actual coyuntura, crearon un ambiente de pesimismo en torno a este proceso electoral en Estados Unidos.
No obstante, existen también motivos para el optimismo, al observar las lecciones aprendidas y los significativos pasos orientados a fortalecer el sistema político-electoral de cara a esta elección.
A continuación un balance de determinados pasos para el fortalecimiento de las reglas del juego y las prácticas de los funcionarios electorales que brindarán mayor seguridad a la elección.
También analizo algunos desafíos que ponen en riesgo el proceso a pesar de lo logrado —especialmente mientras se definen los resultados finales—, tales como la capitalización de la incertidumbre en la etapa del conteo de votos, la desinformación y el uso de la litigación como arma política.
Reglas del juego y recurso humano
Uno de los mayores avances para la elección presidencial del 2024 fue la aprobación en el Congreso de la Ley de Reforma del Conteo Electoral.
Se trata de una enmienda de la ley de 1887, la cual regula el conteo y certificación de los votos electorales en las elecciones presidenciales. La reforma reduce significativamente la incertidumbre en futuras elecciones y protege el sistema de conteo de votos electorales de intentos de manipulación partidaria, como los del 2020.
Introduce cambios fundamentales, entre estos, exige, en primer lugar, que los estados elijan a sus electores al Colegio Electoral de acuerdo con la legislación existente y elimina el concepto de “elección fallida”, término utilizado en el caso de que un estado no lograra elegir a sus electores, abriendo con ello la posibilidad de que la legislatura estatal (y no los votantes) los eligiera.
Sin embargo, la vaguedad del término sirvió para que miembros del Partido Republicano en el 2020 intentaran interpretar toda dilación o disputa para justificar la intervención de la legislatura en el nombramiento de electores, especialmente en aquellas con mayoría republicana.
En segundo lugar, la enmienda define el proceso a través del cual los funcionarios estatales certifican los resultados electorales que son enviados al Congreso, reduciendo el riesgo de suplantación de electores (electores falsos), ocurrido en Georgia y Arizona en las pasadas elecciones.
En tercer lugar, especifica el papel ceremonial del vicepresidente en el proceso de conteo de votos electorales frente al Senado y la Cámara de Representantes, evitando que se presenten nuevamente presiones como las ejercidas por Donald Trump al entonces vicepresidente Mike Pence, argumentando la supuesta facultad de este último para no certificar la elección el 6 de enero del 2021.
En cuarto lugar, dificulta la presentación de objeciones antojadizas de los resultados electorales estatales en el Congreso tendentes a interrumpir el conteo y sembrar desconfianza en la integridad de la elección.
Y, en quinto lugar, elimina la ambigüedad con respecto al cálculo de la elección (ajuste de denominador) cuando un estado no nombra a algunos o todos sus electores, o en el caso de que el Congreso rechace los votos electorales de un estado por alguna razón.
Contra la manipulación político-electoral
Otro avance es el papel de los tribunales y funcionarios a cargo de la administración electoral en varios estados, que pusieron un alto a los esfuerzos de determinadas juntas estatales de elecciones por cambiar las reglas del juego a pocas semanas de la elección, atentando contra la precisión en el conteo de votos y la certificación a tiempo de los resultados.
En el caso de Georgia —uno de los siete estados péndulo—, la mayoría de los miembros de la Junta Estatal de Elecciones (conformada en su mayoría por republicanos apoyados por Trump) aprobó siete cambios en las reglas, excediendo sus facultades. Entre ellas, la obligación de las juntas de realizar un conteo manual de todos los votos, así como la posibilidad de oponerse a certificar el resultado de las elecciones locales, lo cual obstaculizaría la certificación de los resultados de todo el estado.
Sin embargo, la Corte Superior del Condado de Fulton anuló esos cambios. El gobernador Brian Kemp y el secretario de Estado, Brad Raffensperger (ambos republicanos), también se habían opuesto a las reformas, así como se habían opuesto en las elecciones del 2020 a las presiones de Trump para que se le otorgaran injustamente el número de votos que le faltaban para alcanzar el triunfo.
La buena noticia es que también en otros estados péndulo la administración electoral está a cargo en su gran mayoría de funcionarios responsables independientemente de sus preferencias políticas, y no de unos cuantos operadores partidistas inclinados a alterar las reglas del juego para su beneficio.
Mejor comunicación con la ciudadanía
Otro indicador para el optimismo es la excelente preparación de los funcionarios electorales (a pesar del tenso ambiente de múltiples amenazas contra su vida y la de sus familiares).
Los desafíos en las elecciones del 2020 condujeron a una mejor preparación para todo tipo de eventualidades, incluidas situaciones de alto riesgo.
Tales esfuerzos se enfocaron en los procesos y en fortalecer los canales de comunicación con el electorado. Múltiples iniciativas fueron implementadas con el objetivo de brindar información sobre el proceso electoral en los propios estados y generar mayor confianza, incluidas explicaciones sobre cómo funciona el sistema y los mecanismos de seguridad que operan para proteger la elección.
Según el Laboratorio de Datos y Ciencias Electorales del MIT, los votantes no están al tanto de los procedimientos electorales, sino de lo que experimentan de primera mano. El 90 % muestra satisfacción con su experiencia personal votando y posee altos grados de confianza en los oficiales de elecciones locales.
Los ciudadanos tienen mayor confianza en los niveles del gobierno más visibles para ellos. Interesantemente, la actual crisis de legitimidad que pesa sobre las elecciones en Estados Unidos es más reflejo de lo que aprenden por los candidatos, los medios y las redes sociales que por lo que ellos mismos experimentan.
Pero, a pesar de los avances en el fortalecimiento de los marcos legales para la elección y el blindaje electoral que ofrecen gran parte de los funcionarios electorales y el sistema de justicia en los diferentes estados, existen múltiples riesgos que ponen en juego la seguridad e integridad de la elección.
Musk y la desinformación
Otro de los desafíos es la aparición de actores en la circulación y reproducción masiva de desinformación y teorías conspirativas. Elon Musk se convirtió en un operador político estratégico del Partido Republicano mediante la creación del Super PAC America, en el cual ha invertido más de $118 millones, según la Comisión de Elecciones Federales, para apoyar actividades de campaña y operaciones en el terreno.
Asimismo, mediante su plataforma X, con 200 millones de seguidores, es el propulsor de falsedades electorales a favor del trumpismo.
Es posible que los resultados de esta elección tarden varios días en definirse debido al tiempo que toma el escrutinio de los votos por correo (verificación de firmas, fecha, etc.).
Ese tiempo de espera podría ser capitalizado por aquellos con intenciones de cuestionar la legitimidad e integridad del conteo y es ahí donde el papel de Musk sería determinante en la reproducción masiva de narrativas que socaven la confianza en los resultados.
Espejismo rojo, giro azul
Existe la posibilidad de que se produzca nuevamente un espejismo rojo, como el ocurrido en las elecciones del 2020, es decir, el fenómeno que tiende a mostrar el liderazgo del candidato republicano y propende a revertirse al empezar el conteo del voto postal o en ausencia.
La causa del fenómeno es que al empezar el conteo, por lo general, se tabulan más rápido los votos emitidos en persona —mecanismo utilizado en su mayoría por los electores republicanos— para luego dar paso al conteo de los votos por correo, que es tradicionalmente más utilizado por los demócratas.
En ese momento es posible un giro en los resultados que muestre al Partido Demócrata como líder en la contienda (giro azul). Como ocurrió en el 2020, podría servir a Trump para argumentar un supuesto fraude en vista del cambio en la tendencia de los resultados.
El fenómeno podría incluso incrementarse en algunos estados péndulo, decisivos para la elección, ya que el conteo de votos postales (o en ausencia) puede iniciarse exclusivamente hasta el día de la elección.
Zombidemandas
De acuerdo con el New York Times, aproximadamente 90 demandas antivoto han sido presentadas por abogados de la campaña republicana, especialmente en estados péndulo y condados estratégicos.
Desde el punto de vista legal, no son viables debido a la escasa evidencia presentada y al plazo tardío en que fueron propuestas. Son parte de una estrategia de mensaje más que una estrategia legal, que apunta a sembrar desconfianza y crear una percepción de falta de integridad en la elección.
La idea de poner teorías conspirativas y falsedades en la forma de demandas legales es una manera de añadirles legitimidad. Pero además, como señala Ben Raderstorf, funcionan como zombis: “Están muertas antes de la elección, pero si Donald Trump pierde, podrán reaparecer para justificar cualquier intento de negar los resultados”.
Existe la posibilidad de que Trump nuevamente intente declarar victoria y rechace un resultado que no lo favorezca, como ha afirmado en algunos de sus actos de campaña. El terreno fue preparado con demandas que señalan, entre otras cosas, la intención de fraude del partido opositor con el supuesto apoyo de oficiales electorales en múltiples estados, que han permitido —según él— el registro electoral de no ciudadanos.
La semana anterior, el mensaje del candidato fue claro al amenazar a los activistas demócratas y funcionarios electorales de que por esa causa serán procesados una vez él asuma el poder.
Si en la campaña del 2020 una de las tácticas más utilizadas fue crear sospechas a través de demandas que cuestionaban la integridad del voto por correo, en esta ocasión es difundir mentiras sobre el supuesto voto masivo de no ciudadanos, hechos que son negados por expertos electorales.
Tatiana Benavides Santos es politóloga, investigadora y analista política para varios medios en Estados Unidos.
