Flojera en el Ministerio de Salud

La directriz es irracional en un país donde el 70 % de la población sufre sobrepeso. O ilógica cuando es sabido que, de no haber una política estatal, la obesidad afectará al 94 % en el 2060.

Es inadmisible, además, que se proceda con tanta permisividad cuando se trata de alertas como la de la Organización Panamericana de la Salud, que atribuye el 44 % de las muertes en la región a hipertensión, hiperglucemia y obesidad. “La mala alimentación se debe en gran medida a la amplia disponibilidad y comercialización de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados que tienen un contenido excesivo de azúcares, grasas y sodio”, en palabras de la OPS.

La obesidad es un problema grave, sin contar los millonarios costos médicos. El país engorda y enferma, pero por un legalismo el Ministerio de Salud toma medidas contrarias para la salud. ¿Quién o quiénes pidieron un cambio tan radical? Es lo primero que uno se pregunta, porque resulta inconcebible que a personal especializado se le ocurra que la normativa centroamericana no establece parámetros para definir qué es “alto” o “exceso” de grasa, calorías, sodio o azúcar.

Si el problema es la normativa, lo razonable era que los funcionarios de Salud, tan interesados en asuntos de ley, promovieran ajustes en la regulación. Si reformar la reglamentación local era exceso de trabajo, los análisis científicos y las referencias internacionales están hechos en países donde sí colocan la salud en primer lugar —por lo menos en sus leyes—, como Chile, Argentina, México, Uruguay y Canadá. En todos ellos, los resultados favorecen al consumidor.

Quienes gobiernan en el Ministerio de Salud deben evitar más ocurrencias, la instrumentalización de la entidad y entender que la misión es favorecer los intereses ciudadanos a través de “la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”.

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El autor es jefe de Redacción de La Nación.