El año anterior dediqué varias columnas al seguimiento de los recursos para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, debiera ser de al menos ¢255.583 millones procedentes del impuesto al valor agregado (IVA).
Desde 2020, Hacienda había incumplido con esta obligación, al presupuestar menos recursos cada año. Se alcanzó un déficit de más de ¢300.000 millones en 2020-2024, pero fue hasta el año anterior cuando el ministro de Hacienda certificó tal incumplimiento, lo que provocó que algunos diputados presentaran un recurso que fue declarado con lugar por parte de la Sala Constitucional. Por ello, Hacienda presentó dos modificaciones presupuestarias en setiembre para incorporar los ¢62.130 millones pendientes.
Como señalé previamente, soy del criterio de que las modificaciones presentadas no cumplían a cabalidad con lo dispuesto por la Sala, dado que incluyeron una recalificación de la recaudación sobre las planillas, reintegros e intereses del superávit del año 2023, y simples cambios de “etiquetas” que no se traducirían en un aumento efectivo de presupuesto para algunas instituciones.
La última de estas leyes fue publicada al final del mes de noviembre, por lo cual queda la inquietud del momento en el que Hacienda hizo efectivo el traslado de los dineros a las instituciones, y si estas pudieron ejecutarlo en los pocos días que quedaban para finalizar el año. Pero la presión ejercida el año anterior sirvió para algo más que intentar completar el faltante del 2024, dado que para el 2025 Hacienda certificó a la Asamblea Legislativa la presupuestación completa de los ¢255.583 millones requeridos para Fodesaf procedentes del IVA.
Con esta batalla ganada (al menos para este año), ahora corresponde avanzar con el expediente legislativo 24.227, el proyecto de ley para evitar la disminución del aporte del Poder Ejecutivo al Fodesaf, dado que en la actualidad se puede lograr menos con los ¢255.583 millones si se compara con lo que se podía hacer en el 2019, por lo que el proyecto propone la actualización de este monto nominal según el índice de precios al consumidor. El proyecto se encuentra en Comisión, pero podría dársele prioridad en este año.
Andrés Fernández Arauz es economista.