EscucharOcho meses pueden ser una eternidad o pasar como un suspiro. Para un paciente que conozco, ocho meses representan el suplicio que deberá soportar mientras llega el día del examen “urgente” en un hospital público.
El hombre padece un fuerte dolor en la pierna izquierda, que lo atormenta a todas horas y que debe sobrellevar para cumplir con el corre corre habitual de sus tareas como enfermero.
Los médicos le dijeron que tiene un coágulo y, para definir el tratamiento, deberá someterse a una prueba médica. Sin embargo, el hospital al que está adscrito no dispone de campo a corto plazo.
He aquí una víctima más de las listas de espera, de una enfermedad nacional grosera que hace mucho tiempo hizo metástasis en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Una de las principales razones por las que los asegurados deben esperar meses, incluso años, una cita, una intervención quirúrgica u otros procedimientos es la falta de médicos especialistas.
La CCSS arrastra, desde hace mucho rato, un déficit de ortopedistas, anestesiólogos, urólogos, pediatras, otorrinolaringólogos, dermatólogos y radioterapeutas, entre otros profesionales.
Al principio, el faltante se atribuyó a que la demanda de servicios creció más rápido que la formación de médicos y a dificultades presupuestarias para contratar más personal.
No obstante, un reportaje recientemente publicado por La Nación sacó a la luz otra causa: unos 208 profesionales se fueron a la medicina privada en los últimos dos años, atraídos por mejores salarios, jornadas y clima organizacional.
La fuga de especialistas es considerada “una verdadera emergencia” en el Hospital Nacional de Niños, donde centenares de menores esperan operaciones y consultas en varias áreas.
También las enfermeras se sumaron a la diáspora, a causa de los retrasos en el pago de salarios, la subcontratación y los interinazgos prolongados.
Frente a esta situación, la CCSS no parece tener un plan y, más bien, da la impresión de haberse resignado a que otros le quiten personal formado con sus recursos institucionales.
Esto representa una pérdida de tiempo y dinero para la entidad, y hace prever un mayor deterioro en los servicios que reciben los asegurados. Ojalá pongan las barbas en remojo.
