EscucharEl envío del Poder Ejecutivo al Congreso de una ley para obtener autorización con el fin de emitir $6.000 millones en bonos del Gobierno en los mercados internacionales es muy inconveniente. Duplicaría la deuda externa del Gobierno Central, de $7.481 millones en el tercer trimestre del 2018 (más reciente dato publicado) a $13.481 millones.
Aparte de los riesgos cambiarios y de tasas de interés, la deuda externa total se ha más que triplicado en los últimos nueve años (de $8.238 millones en el 2009 a $27.965 millones en el 2018). El endeudamiento solicitado ahora haría que se cuadruplique y alcanzaría los $34.000 millones, sin tomar en cuenta créditos para infraestructura, educación, empleo o los créditos externos de los bancos comerciales.
Las dos bajas recientes en la calificación hacen de este uno de los peores momentos para acceder a los mercados internacionales.
El gobierno solicita, además, un margen de 725 puntos base (7,25 %) sobre los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense, lo cual haría que los bonos actuales pierdan valor, pues la tasa de interés sería mucho más alta, a niveles especulativos porque los compradores no serían inversionistas institucionales debido a que Costa Rica no tiene grado de inversión.
La tasa de interés calculada por el gobierno para esos bonos equivaldría a, aproximadamente, un 10 % en dólares, a lo cual habría que sumarle el porcentaje de devaluación. Lo anterior llevaría la tasa efectiva a niveles mucho más altos que lo que se paga actualmente en colones.
Llama mucho la atención que el Banco Central, que de acuerdo con el artículo 99 de su Ley Orgánica ejerce las funciones de consejero financiero del Estado, no tenga el discernimiento para ver lo aquí expuesto y, por el contrario, incluya en el escenario base de su Programa Macroeconómico una emisión de bonos catalogados, en la jerga financiera, como basura en los mercados internacionales.
No hay necesidad. Según la exposición de motivos del proyecto del Poder Ejecutivo, en el 2018, el Ministerio de Hacienda financió localmente su déficit y las amortizaciones por un 12,2 % del PIB y a través de fuentes externas un 0,7 % adicional. Ahora, prevé necesidades de financiamiento para el 2019 por un 13,3 % de la producción nacional, para lo que cuenta con un 2 % proveniente de instituciones multilaterales y bilaterales y deja un neto de 11,3 % por financiar.
Lo expuesto quiere decir que no hay necesidad de colocar eurobonos, pues el financiamiento proveniente del mercado interno sería menor que el del 2018, en términos del PIB.
Si se hiciera un esfuerzo adicional de reducción de gastos, o de mayor crecimiento económico, como debe ser, los requerimientos sobre el ahorro nacional serían aún menores.
Por otro lado, el Banco Central tiene una deuda de, aproximadamente, ¢2 billones en bonos de estabilización monetaria: ¢1,5 billones vencen en menos de cuatro años y ¢565.000 millones (cerca del 1,5 del PIB), entre julio del 2019 y julio del 2020.
Las colocaciones del Banco Central compiten directamente con las del Ministerio de Hacienda y le restan recursos. Si el Banco Central no tuviera que acceder al mercado local con esos propósitos, que no son los de su función esencial de estabilidad monetaria, sino producto de su insuficiencia patrimonial acumulada, Hacienda sería el único emisor soberano del mercado local y contaría con un mayor margen para financiar su déficit en el mercado nacional. La tarea pendiente es desarrollar el mercado secundario, como lo ha recomendado el FMI en reiteradas ocasiones.
Situación del Banco Central. Durante años, la insuficiencia patrimonial del Banco Central no ha sido considerada al analizar el problema de las finanzas públicas y las pérdidas incurridas año tras año por los bajísimos rendimientos de sus activos, especialmente, las reservas monetarias internacionales y los altos costos de su deuda estructural.
El patrimonio negativo del instituto emisor ascendió, al 31 de diciembre del 2018, a ¢2,18 billones ($3.572 millones al tipo de cambio de esa fecha) o 6,3 % del PIB estimado.
Esa insuficiencia patrimonial debe ser atendida con prioridad, pues limita la capacidad del Banco para llevar a cabo sus funciones de estabilidad y el rendimiento de las inversiones en las reservas internacionales debe ser objeto de análisis.
El gobierno y la Junta Directiva del Banco Central deben considerar prioritariamente varias opciones para capitalizar el Banco transfiriéndole activos estatales, así como hallar alternativas en donde la colocación de su deuda no cause más distorsiones en el sistema financiero. Los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Banco Central lo facultan para colocar bonos en moneda nacional.
Alternativa. En virtud de estas disposiciones, no hay ningún impedimento para que el Banco Central coloque su deuda en moneda nacional en los mercados internacionales, a mucho menores tasas de las que conseguiría el Ministerio de Hacienda. Más aún, podría negociar una garantía adicional del BCIE y las tasas serían más generosas.
Si además el Banco Central hace subastas de coberturas, como otros bancos centrales, los compradores extranjeros de esos bonos asegurarían su riesgo cambiario y el premio sería menor.
Cada día más países emiten bonos en moneda local para ser colocados en los mercados internacionales, y existe un número considerable de fondos e inversionistas institucionales que invierten en moneda local y saben manejar los riesgos cambiarios.
La estandarización requerida en dichas emisiones ayuda a desarrollar los mercados locales de bonos. Todos esos elementos contribuyen a una mayor estabilidad y a una disminución de los riesgos del país.
En resumen, si el Banco Central deja de colocar bonos de uno a cuatro años para financiar sus pérdidas acumuladas, como lo ha hecho hasta ahora, y busca alternativas para refinanciar su deuda a largo plazo o capitaliza la institución, no habría ninguna necesidad de aprobar el proyecto de los eurobonos.
Efectos. Se ha argumentado que el rechazo del proyecto de los eurobonos presionaría las tasas de interés locales. Aparte de las razones expuestas que desvirtúan esa afirmación, debe considerarse que la diferencia entre las tasas pagadas por los ahorros y lo que se cobra por préstamos es más del doble.
El promedio de las tasas pasivas en colones de los intermediarios financieros, al 29 de enero del 2019, fue del 7,21 %, mientras que las tasas activas promedio (de los préstamos) fue del 15,96 %, un margen de 8,75 %. De acuerdo con datos del Banco Mundial, ese margen a escala mundial fue del 5,91 %. Si la preocupación es por las tasas de interés, deberían priorizar soluciones a los altos márgenes de intermediación y tomar en cuenta que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Banco Central faculta a su Junta Directiva a establecer niveles máximos de márgenes de intermediación financiera anuales.
Por las razones anteriores, los diputados deben rechazar el proyecto de ley del expediente 21201 y proponer otras opciones.
El autor es exvicepresidente del Banco Central.
