EscucharLa Uccaep dio un giro inexplicable en su posición sobre nuevos impuestos: pasó de no querer discutirlos hasta el tanto hubiera señales claras de austeridad, a decir que ahora está dispuesta “siempre y cuando el gobierno se comprometa a seguir trabajando en los proyectos de gasto público”. ¿A qué se debe el cambio?
Claramente no se explica por algún esfuerzo verificable de contención del gasto. Las erogaciones del Gobierno Central aumentaron en un 9,8% en el 2015. Si bien los ingresos subieron a un ritmo muy saludable (10%), casi todos estos recursos frescos se fueron a financiar más egresos. Como indica el economista Melvin Garita: “De no cambiarse la forma en que crecen los gastos, no hay reforma fiscal que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
El cambio de Uccaep tampoco se justifica por algún compromiso sobre reformas estructurales –una solicitud que le hicieron al presidente en el Congreso Nacional de la Empresa Privada–. No habían pasado 24 horas del agasajo cuando Solís salió a decir que dicha reforma del Estado no la va a hacer él.
En áreas allende lo fiscal, igual no advertimos razones para la capitulación empresarial: el obstinado proteccionismo de la administración Solís continúa generando peligrosos roces con importantes socios comerciales, incluido EE. UU. El Ejecutivo sigue prestando oídos sordos a los pedidos por la apertura eléctrica y otras iniciativas pro competitividad. No ha habido avances en infraestructura. Y los sindicatos mantienen su fuerte influencia sobre Zapote.
Tampoco vemos que en la corriente legislativa haya proyectos sobre gasto que estén por recibir luz verde. La prioridad oficialista ha sido la aprobación de nuevos impuestos y del proyecto contra la defraudación fiscal –que incluye el registro de accionistas que genera una justificada aprensión entre los empresarios–.
Es cierto que el Ejecutivo ahora dice que también impulsará proyectos sobre contención del gasto como parte de un compromiso fiscal. Pero el cronograma de Hacienda deja claro que pretende que le aprueben primero los impuestos antes de impulsar cualquier medida sobre gasto. Se trata, pues, de una simple promesa hecha por el mismo gobierno que en la última negociación del FEES ya se comprometió a darles más plata a las universidades estatales si logra que le pasen los nuevos tributos.
Así que la interrogante continúa: ¿Qué hizo la administración Solís Rivera para ganarse la genuflexión del gremio empresarial?
Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
