Cumple su cometido de resguardo del tejido constitucional costarricense y ha repudiado, reiteramos, la arbitrariedad
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PorGloria Navas
En la sesión del viernes 21 de octubre del 2022, el Tribunal Constitucional costarricense dictó la sentencia N.° 2022025167, en el expediente N.° 22-016697-0007-CO, (caso Parque Viva), cuya parte dispositiva ha sido hecha del conocimiento público. Constituye otro hito histórico en la justicia constitucional nacional, que entra a los anales de nuestra jurisprudencia vinculante, en resguardo de nuestro régimen de derecho, el que garantiza y protege los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El fallo motivado, garantista de los derechos esenciales de la población y del ejercicio a sus libertades, le pone freno al Poder Ejecutivo como correspondía en respuesta a la desviación de poder y el ejercicio de la arbitrariedad, lo que incluye un “estate quieto” al señor presidente y a los ministros de Estado, en este caso, a la ministra de Salud Joselyn Chacón.
El recurso fue declarado por la mayoría de los magistrados —con un único voto salvado—, por cuanto el gobierno de don Rodrigo Chaves Robles y su ministra, vulneraron groseramente la libertad de expresión, el derecho de información y temas relacionados con el interés público, protegidos de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Contamos con un tribunal constitucional consagrado en el artículo 10 de nuestra carta magna. Se trata de una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, creada por Ley N.°7128 del 18 de agosto de 1989. Expresamente se señaló que las “disposiciones del Poder Ejecutivo contrarias a la Constitución serán absolutamente nulas”.
Congratulamos a nuestro tribunal constitucional. La Sala IV cumple su cometido de resguardo del tejido constitucional costarricense y ha repudiado, reiteramos, la arbitrariedad. Impone respeto y seguridad jurídica. Cuida celosamente de nuestras libertades y de nuestro régimen democrático.
La autora es abogada y diputada del partido Nueva República.
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