EscucharLa Sala Constitucional dio un ejemplo de independencia al declarar inevacuable la consulta de la Corte Plena, a la cual pertenecen también sus integrantes. El caso es extraordinario porque estaba en juego la pretensión del Poder Judicial de eximirse por completo de la Ley Marco de Empleo Público.
Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de firmar la consulta u opinar previamente, salvo Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se inhibió de participar en la evacuación de las gestiones porque encabezó los cuestionamientos de la Corte Plena al proyecto de ley. No obstante, integran la Corte Plena y participan en todas las decisiones compatibles con el ejercicio independiente de su cargo.
Eso los pone en contacto permanente con los magistrados de las demás Salas. El rechazo de la consulta demuestra, para comenzar, la fortaleza de carácter necesaria para no dejarse influir por las relaciones cercanas, e incluso de natural amistad y simpatía desarrolladas mediante el contacto frecuente y la solución de problemas en común.
También queda clara la voluntad de interpretar la Constitución Política de conformidad con su recto sentido, y no con la conveniencia institucional en mente. Los magistrados preservaron el principio de independencia del Poder Judicial reconociéndole el derecho a regular el empleo de los funcionarios requeridos para el desempeño de las labores esenciales de la institución (jueces, fiscales, defensores públicos, agentes especializados del Organismo de Investigación Judicial, gerencia y alta dirección política), pero no el del resto de los empleados.
La Corte definirá cuáles funcionarios son esenciales. La resistencia a las nuevas regulaciones hace temer una categorización demasiado amplia, pero, en cualquier caso, la regulación del personal dedicado a las funciones exclusivas y excluyentes de la institución tampoco es libérrima y debe ajustarse a los principios generales de la nueva ley.
Mientras la Sala Constitucional sale fortalecida del episodio, la Corte Plena queda reducida a un papelón. Sus integrantes, miembros de la máxima jerarquía judicial, no supieron entender que sus consultas ya habían sido resueltas en la primera resolución de la Sala IV. De no ser así, las plantearon con el objeto de retardar el proceso en un pésimo ejemplo de conducta procesal. La Sala IV pasó la prueba, pero la experiencia aconseja retomar la idea, traída y llevada, de sustraerla de la Corte.
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Armando González es el editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
