EscucharLo peor que puede pasar en un país cuando aumenta la criminalidad es que sus gobernantes politicen el problema para justificar su improvisación, ausencia de estrategia o incapacidad para enfrentar, en democracia, el auge de delitos que trastornan la vida en calles, barrios y casas.
Empeora cuando el discurso se torna incoherente, al punto que un día el gobernante admite que “la crisis existe”, muestra a sus guardaespaldas con armas de grueso calibre y tres meses después sale con que la criminalidad no es nueva, y culpa a “medios específicos de prensa que la quieren hacer ver como una crisis”.
Otro día, en palabras suyas, el responsable es el Poder Judicial: “Hay una crisis, que no viene de falta de trabajo del Ministerio de Seguridad. Viene de que hay una puerta rotatoria en las cortes”. Otro día son los diputados por no votar la reforma de la ley contra el crimen organizado.
Con ese discurso, el mandatario, Rodrigo Chaves, trata de lavarse las manos, y su ministro de Seguridad, Jorge Torres, le sigue la corriente al atribuir al ciudadano — que él califica de “sociedad domesticada”— el incremento del narcomenudeo, por no atreverse a tocar a la puerta de narcos del barrio y pedirles que se vayan. Simplismo total. El lema es “la culpa es de los otros”.
La verborrea y la poca acción agigantan la ola de homicidios, la mayoría debida a violentas disputas entre narcos por territorios para venta de drogas.
Tal parsimonia causa dudas. ¿Es una táctica? ¿Hay un intento de que la crisis crezca para justificar medidas de mano dura o es incapacidad? Solo así sería posible interpretar que hasta noviembre, es decir, año y medio después de haber asumido las riendas del gobierno, habrá (¿habrá?) una estrategia en seguridad.
Esto refleja que no hay sentido de urgencia, si se agrega que el Ejecutivo relega el trámite legislativo contra el crimen organizado. Es ilógico que no midan la magnitud del peligro que se corre a partir de junio, de no votar la ley, dada la posible salida de prisión de cabecillas criminales.
La crisis es real. Lo que no existe es negociación del Ejecutivo con el Judicial y el Legislativo para aprobar leyes democráticas contra la inseguridad. ¿Qué persigue el turbio proceder? Solo la presidencia lo sabe.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.
