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Jorge Negrete, el Charro Cantor, cuya insólita muerte en plena gloria artística fue de las primeras que me dejaron atisbar el misterio de que la vida es finita, nació en Guanajuato, México, en una casona de dos plantas que sigue en pie.
Al menos hasta hace poco, la casona, catalogada en el patrimonio cultural de la Nación y que por consiguiente ha de preservarse, se hallaba en tan mal estado que amenazaba con caer encima a los transeúntes. La cosa no podía remediarse con el aprovisionamiento de fondos públicos, y los propietarios solo podían hacerlo con autorización de la Administración. El inconveniente es que esta no se decidía a darla en virtud de interpretaciones legales y engorrosos trámites burocráticos.
Si la conservación de la casona natal de Negrete es una finalidad que sirve al interés de la cultura popular mexicana, y ha de perseguirse empleando para ello potestades administrativas y demás medios necesarios, todos los que tienen responsabilidades directas en el asunto, fueren organismos públicos o personas privadas, tendrían que esforzarse por alcanzar esa finalidad de común acuerdo y de modo eficiente y oportuno, antes de que el inmueble caiga por su propio peso.
Puede que esta historia no sea exactamente como la relato. Para comenzar, puede que el Charro Cantor ni siquiera naciera en Guanajuato, o en aquella casona, como hay quienes lo afirman. No importa: para el imaginario público, ese fue su espacio natal y el sitio que concita su recuerdo.
Claro que si la ilustre casona llega a desaparecer debido a los obstáculos que para su protección oponen confusas reglas de derecho, rebuscados análisis jurídicos, autogratificantes mecanismos de control u otros azotes parecidos, las autoridades podrán encubrirlo poniendo en su lugar, con bombos y platillos, una placa conmemorativa, y sanseacabó.
Recordé el asunto a raíz de que hice un incompleto recuento de los proyectos constructivos controversiales y fallidos en nuestro país desde la época de la ampliación de la avenida segunda, en San José. Entre los más recientes, menciono el tren eléctrico, del tiempo del presidente Alvarado, y últimamente la construcción de un complejo que aloje a buena parte de los organismos administrativos que hoy perseveran como inquilinos en edificios de particulares. Algún día pondremos una placa para recordarlos, que pesará como una losa sobre el desarrollo y el bienestar del país.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
