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En medio del torbellino de cuestionamientos que azota a varios de sus miembros, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social entró en una especie de estado catatónico que le impide resolver los urgentes asuntos que se apilan sobre su mesa.
Ya pasó un mes y medio desde que la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel, y tres directivos fueron suspendidos mientras se investiga el aparente sobreprecio en la adjudicación para operar 138 Ebáis, conocido como caso Barrenador.
Desde entonces, el máximo órgano de la Caja no solo quedó acéfalo e incompleto, sino también jurídicamente inhabilitado para tomar decisiones trascendentales para los millones de usuarios de sus servicios.
El nuevo hospital de Cartago, las listas de espera y la fuga de médicos especialistas figuran entre los 300 temas que los directivos tenían pendientes antes de la pesquisa judicial, pero que parecen quedar confinados al laberinto del minotauro.
Llama mucho la atención la parsimonia mostrada por la administración Chaves Robles en la búsqueda de sustitutos temporales, tanto para la jerarca como para uno de los representantes del gobierno que fue suspendido debido a la investigación.
También extraña que el Poder Ejecutivo se esté guardando una carta que podría utilizar para completar el cuórum a la Junta, la cual consiste en nombrar el reemplazo de uno de sus delegados que renunció el 25 de setiembre.
La presidencia alega que va a realizar “un análisis exhaustivo” para llenar el cupo. No cabe duda de que designaciones de este tipo exigen una evaluación rigurosa, pero da la impresión de que no existe mayor premura.
Todo lo anterior motiva a considerar si la representante sindical, Martha Rodríguez, tendrá alguna razón cuando acusa al gobierno de “sabotear” a la CCSS, porque no parece existir interés en devolver operatividad a la Junta Directiva.
¿Será que de verdad existe un interés por frenar o retardar la toma de decisiones en la Caja? ¿Será que no se comprende el momento crítico que atraviesa la institución? ¿Será que no hay sensibilidad ante las congojas de los asegurados?
Está claro que la CCSS perdió más que su cabeza. Se quedó sin el órgano que fiscaliza, garantiza la sostenibilidad del IVM y del seguro de salud, regula, aprueba estrategias y pide cuentas. Lo que no está claro es por qué prefieren que siga así.
rmatute@nacion.com
