Mis recuerdos del Seguro Social son muy agradables, aunque suene extraño referirse en estos términos a un internamiento por apendicitis aguda en riesgo de una peritonitis o recurrentes infecciones en los riñones en los primeros años de vida.
Según el registro de mi memoria, no puse un pie en un centro médico público durante varios lustros, hasta el nacimiento de mi hijo. Para entonces, el sistema sanitario ya se encontraba deteriorado. Los expertos advertían desde hacía décadas sobre la disminución en la cantidad de cotizantes, la necesidad de ajustes administrativos y gerenciales, y una reorganización.
El Estado desoyó las alertas y fue más allá. Desatendió sus obligaciones legales y dejó crecer una deuda que asciende en este momento a poco más de ¢3 millones de millones.
El gremio médico manejó la graduación de especialistas con criterios mercantilistas, los sindicatos lucharon por privilegios dispendiosos y los gobiernos, sobre todo el segundo de Óscar Arias, engrosaron la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con personal innecesario o desmantelaron modelos exitosos, como el de las cooperativas.
Mucho se puede atribuir al pasado, pero el gabinete actual es aficionado a las propuestas inviables, en su afán de conseguir efectismo en lugar de eficacia. El copago, por ejemplo, es encarecer la cura engañando a los pacientes con vanas promesas.
Quien ha aguardado 555 días —tiempo promedio al 31 de agosto, calculado por la Unidad Técnica de Listas de Espera— por una operación no lo ha hecho por avaricia, sino porque sus condiciones económicas le impiden acudir a la medicina privada.
Ofrecerle el 60 % del costo de la reparación de la pared del abdomen para que desaparezca una hernia (hernioplastia umbilical), tomando como base las tarifas de la CCSS (¢542.116), en lugar de los precios de los hospitales privados (¢2,5 millones), es pedir al paciente echarse al hombro sus dolencias.
Pero por esas “rutas” tortuosas transitamos. El 28 de setiembre, en Puntarenas, la diputada Pilar Cisneros dijo a los residentes de la provincia que no debían esperar “que el gobierno lo hiciera todo”.
“No lo va a hacer, no es posible”, afirmó, para luego agregar que “el poder, la fuerza y la determinación de construir una Puntarenas de oportunidades” es tarea de la gente, no de la administración.
Un mes antes, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, instó a los padres a pedir préstamos a Conape para que sus hijos “estudiaran inglés”, y así formarse en carreras de mayor demanda.
Le tocó el turno a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, de enviar a los pacientes en listas de espera a buscar recursos privados para solucionar un problema que es deber de ella remediar con una operación en el ombligo institucional.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.