Uno de sus hallazgos destaca, en palabras de la Academia, que “instituciones inclusivas” introducidas en países pobres, al ser colonizados “con el tiempo resultaron en poblaciones generalmente más prósperas”. En nuestro caso, más que “introducidas”, se desarrollaron producto de las precarias condiciones existentes y la dinámica de convivencia a que dieron origen.
El aislamiento, la falta de una economía extractiva, la necesidad de trabajar para vivir, la dispersión de la población y la inexistencia de élites eclesiásticas, militares o administrativas, perfilaron el tipo de sociedad que comenzó a construirse. Derivó no solo en una democracia más profunda, extendida, horizontal, justa y estable que la de muchos vecinos, sino en mayor prosperidad, a pesar de las limitaciones materiales, o quizá por ellas.
Evoco lo anterior no solo por los aportes de Acemoglu, Johnson y Robinson, que se unen a otros estudios que documentan el mayor éxito socioeconómico de las democracias, sino porque el 17 del próximo mes se cumplen 75 años de un texto que ha sido resultado y motor de esa evolución: nuestra Constitución Política.
Más que “ley fundamental”, es el reflejo jurídico de un pacto social que se nutrió de experiencias pasadas, reiteró los pilares clásicos de la democracia republicana e introdujo innovadores pilares de nuestra vida común; entre ellos, la proscripción del ejército (artículo 12), la creación del Tribunal Supremo de Elecciones (99 al 104) y de la Contraloría General de la República (183 y 184). Además, otorgó autonomía de gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social (73) y las universidades públicas (84), y dio base a las instituciones autónomas (188 al 190).
Además de un texto lúcido, ha sido una fuente que nos refleja, explica y orienta. Respetarla es la mejor forma de celebrarla.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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