Lo que sigue no es realismo mágico, sino realidad absurda: gracias a un canon a las empresas que deben informarle sobre sus fusiones o adquisiciones, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) puede recibir significativos ingresos para cumplir con sus tareas. Sin embargo, se verá obligada a suspender el cobro porque, debido a los drásticos recortes presupuestarios que le han impuesto, no cuenta con personal para tramitarlo. Así lo anunció su comisionado, Guillermo Rojas, quien proporcionó otro dato: en lo que va del año, apenas han recibido un 28 % del financiamiento que, por ley, les corresponde.
El absurdo es obvio, pero lo hago explícito: como no le dan recursos que le permitan cobrar, la Coprocom está incapacitada para captar más recursos. Y como los que gira Hacienda son tan escuálidos, la pobreza se acentúa y, con ella, la debilidad para ejercer sus funciones: un círculo vicioso de graves consecuencias. De aquí a la inoperancia el camino es corto.
¿Y por qué debe preocuparnos la suerte de esta institución? La razón fue destacada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe de este año sobre la economía nacional: “La competencia débil tiende a traducirse en precios relativamente altos de los bienes para los consumidores y de los insumos para las empresas”. Lo primero, añado, aumenta el costo de vida; lo segundo reduce la productividad. Este impacto, dice la OCDE, se da particularmente “en agricultura y manufactura”, es decir, la economía de base local. Como resultado, toda la sociedad pierde.
En diciembre del 2019, una reforma legal dio más músculo a la Coprocom para combatir monopolios y oligopolios e impulsar la competencia. Además, dispuso que su presupuesto debería ser el equivalente de, por lo menos, 5.309 salarios base. Sin embargo, la mantuvo como órgano adscrito al Ministerio de Economía.
Tal dependencia ha afectado considerablemente su capacidad de acción. El ahogo presupuestario es el peor ejemplo; otro: hoy apenas cuenta con 17 empleados. El absurdo señalado sobre el canon quizá sea producto de rigidez o ineptitud. Pero no puedo descartar otra posibilidad: que grupos de interés económico con tradicional influencia en ese ministerio y temerosos de una Coprocom más robusta lo hayan inducido. Sería aún más grave.
Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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