EscucharLa Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo que obliga al Ministerio de Hacienda a girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) los ¢62.130 millones que no fueron incluidos en el presupuesto del 2024.
La Sala otorgó un mes para cumplir con lo dispuesto; sin embargo, concedió un mes más de prórroga para que Hacienda termine de identificar las fuentes de los recursos que se utilizarán para incrementar el presupuesto del Fodesaf.
Al respecto, en una nota publicada ayer en La Nación, titulada “Sala IV da prórroga a Acosta para completar presupuesto de Fodesaf”, se indica que “el 40 % del dinero ya fue incorporado en el quinto presupuesto extraordinario que se encuentra en trámite. Los restantes ¢37.035 millones deben ser incluidos en una nueva modificación presupuestaria”.
Después de revisar los movimientos presupuestarios incluidos en el proyecto de ley 24443 (Quinto Presupuesto Extraordinario y Cuarta Modificación Legislativa), no parece estar claro si efectivamente se atiende de forma parcial lo ordenado por la Sala.
En primer lugar, el proyecto fue presentado el 15 de julio, por lo cual debió ser formulado al menos desde junio. A Hacienda se le notificó el fallo de la Sala el 1.º de agosto.
Segundo, uno de los movimientos a favor del Fodesaf, por ¢11.536 millones, se refiere a la recalificación de la recaudación del 5 % sobre las planillas, que es certificado por la Contraloría General de la República (CGR) todos los años, y que no tiene vinculación con lo ordenado por la Sala, que es en relación con lo recaudado por concepto del impuesto sobre el valor agregado exclusivamente.
Y, tercero, los otros dos movimientos contenidos en el presupuesto extraordinario en trámite corresponden a reintegros e intereses del superávit del año 2023 (¢22.853 millones), registrado especialmente por la Caja Costarricense de Seguro Social, y que, por lo tanto, no podían formar parte de la asignación presupuestaria que aprobó la Asamblea Legislativa en noviembre del año anterior para el ejercicio económico del 2024.
Estos movimientos deben ser analizados con cautela por los diputados, a fin de garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional.
El autor es economista.
