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La primera administración de Donald Trump marcó un punto de inflexión en la política comercial estadounidense con su enfoque “Estados Unidos primero” y sus consecuentes acciones concretas, como la imposición de aranceles a productos chinos y otros socios comerciales, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora T-MEC) y el cuestionamiento sistemático a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Joe Biden, a pesar de su diferencia en abordaje y retórica, mantuvo elementos proteccionistas. Un ejemplo son los aranceles sobre las importaciones de acero y las restricciones a inversiones extranjeras en sectores estratégicos, como el veto a la adquisición de U. S. Steel por Nippon Steel.
La narrativa de Trump y su equipo económico se articula en torno a cuatro preocupaciones sobre las relaciones comerciales.
La primera se centra en la persistencia de déficits comerciales bilaterales significativos, es decir, Estados Unidos importa más de lo que exporta.
La segunda es la percepción de prácticas comerciales desleales de sus socios: la manipulación artificial de tipos de cambio, el otorgamiento de subsidios gubernamentales y la aplicación de estándares sociales y ambientales menos rigurosos que crean ventajas competitivas artificiales.
El tercer punto de tensión son las barreras no arancelarias que enfrentan los productos estadounidenses en mercados extranjeros y que limitan su acceso y competitividad.
La administración señala como problema la asimetría en las estructuras arancelarias, porque Estados Unidos mantiene, en general, aranceles más bajos que sus socios comerciales, lo cual es percibido como una desventaja estructural en las relaciones comerciales.
La reelección de Trump, por tanto, marcaría el comienzo de una nueva era de proteccionismo comercial intensificado.
En la campaña, anunció la imposición de un arancel universal del 20 % sobre prácticamente todas las importaciones, una medida sin precedentes en la historia del comercio internacional moderno.
Particularmente relevante es el incremento anunciado de aranceles sobre productos chinos por hasta un 60 %, medida que afectaría el comercio bilateral y desencadenaría represalias comerciales globales y grandes disrupciones en las cadenas de suministro internacionales.
Podría, además, confirmarse el distanciamiento con la OMC, lo que anticipa el desconocimiento de este organismo multilateral y sus mecanismos de resolución de disputas.
Radiografía nacional
La economía costarricense está muy expuesta a cambios en el mercado estadounidense, adonde exporta más del 40 % de sus bienes y recibe de él la mayor cantidad de inversión extranjera directa.
La concentración representa una vulnerabilidad particularmente para sectores clave como el de los dispositivos médicos, los semiconductores y los productos agroalimentarios.
El debilitamiento o desconocimiento de la OMC privaría a Costa Rica de un mecanismo vital para la resolución de disputas comerciales y la protección contra medidas unilaterales.
En un escenario donde predominen las negociaciones bilaterales directas, la asimetría de poder económico entre países sería menos favorable para Costa Rica y el arancel universal del 20 %, combinado con la pérdida de mecanismos multilaterales de defensa comercial, expondría a exportadores costarricenses a condiciones de mercado más adversas, sin recursos eficaces para la resolución de controversias comerciales.
De especial preocupación son los instrumentos disuasorios a empresas multinacionales que inviertan fuera de EE. UU., aunado a incentivos para la deslocalización de operaciones hacia territorio estadounidense, cuya consecuencia sería la desaceleración del flujo de inversiones hacia Costa Rica.
Puntos a favor de Costa Rica
No obstante, a pesar de la retórica sobre la deslocalización, el proceso ha probado ser técnica y económicamente desafiante a corto y mediano plazo, debido a la complejidad y profunda integración de las cadenas globales de valor.
En el caso de Costa Rica, las empresas estadounidenses forman parte de clústeres industriales de dispositivos médicos, servicios empresariales y manufactura avanzada. Por eso, es previsible que tales inversiones se mantengan estables, e incluso se fortalezcan, dado el valor estratégico que aportan a las operaciones globales de estas compañías, la creación de empleos conexos en Estados Unidos y las ventajas competitivas que el país ofrece en términos de ubicación, estabilidad y talento humano.
Más bien, Costa Rica es un destino atractivo por su proximidad geográfica con Estados Unidos, su estabilidad política y económica, su fuerza laboral altamente calificada, su compromiso con la sostenibilidad ambiental y con prácticas laborales responsables.
Independientemente del cambio de mando en los EE. UU. o de la materialización de las amenazas, Costa Rica enfrenta el imperativo de mejorar su competitividad sistémica. Requiere inversión sostenida en infraestructura de transporte y logística, junto con la simplificación de trámites, que permita reducir los costos operativos y los tiempos de tránsito.
Implica también un esfuerzo por aumentar la oferta de energía renovable a precios competitivos. Paralelamente, debe fortalecer su sistema educativo para desarrollar las competencias técnicas y profesionales que demandan los sectores productivos más dinámicos.
Del mismo modo, la estabilidad del marco legal es un elemento crucial para crear un ambiente de negocios atractivo. Por supuesto, necesitamos la diversificación constante de productos y destinos de exportación, así como la atracción de inversiones de diversos orígenes.
Para ello, Costa Rica debe continuar desarrollando y comunicando su propuesta de valor única, que combina sostenibilidad ambiental, estabilidad institucional y capital humano calificado.
Víctor Umaña es economista agrícola. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y el ETH de Zúrich, Suiza. Es consultor internacional en comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible.
