Argentina lo logró. Tras 30 años de ingentes esfuerzos, ha materializado el sueño del establishment político e intelectual costarricense: duplicar su carga tributaria hasta alcanzar un nivel similar al de los países desarrollados (32,6% del PIB). ¡Albricias! Sin embargo, algo no calza. En lugar de parecerse más a Finlandia, Argentina ha experimentado un marcado declive económico. ¿Cómo puede ser posible?
El ejemplo de Argentina debe servirnos de lección sobre lo absurdo que es el argumento de quienes afirman que Costa Rica requiere una carga tributaria más alta para dar un salto definitivo al desarrollo. Dicha tesis descansa en la premisa de que cuantos más recursos sean administrados por la clase política –en contraposición al sector productivo y los consumidores– mayores serán nuestras perspectivas de progreso.
En Argentina, darles más dinero a los políticos no los ha acercado al desarrollo, más bien los ha hundido. La elevada carga tributaria es una de las razones más citadas para explicar la falta de inversión en ese país. Además, un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal encontró que esta explica gran parte del alto costo de vida: el 44% del precio de los alimentos corresponde a impuestos.
También debemos tomar nota de otro estudio reciente, esta vez de la Universidad de Washington, sobre los efectos que ha tenido el aumento del 37% en el salario mínimo en Seattle. La medida fue promovida como un triunfo para los trabajadores. No obstante, la investigación encontró lo contrario: las horas trabajadas por los empleados cubiertos por el alza cayeron y como resultado sus ingresos netos disminuyeron en promedio $125 al mes.
El caso de Seattle brinda más evidencia empírica acerca de los efectos negativos que tiene un elevado salario mínimo sobre el mercado laboral. En Costa Rica, varios estudios han llegado a conclusiones similares. Aun así, nuestras autoridades insisten en el cuento de que hacer cumplir las leyes de salario mínimo –tenemos el más alto de América Latina para un trabajador genérico no calificado– reduciría significativamente la pobreza. Lo contrario es más probable, al afectar la empleabilidad de los trabajadores menos calificados.
Ojalá en el debate nacional sobre la carga tributaria y el salario mínimo pudiéramos abandonar las fijaciones ideológicas que nos impiden aprender de las malas experiencias de otras latitudes.