EscucharLa administración Chaves Robles puso en práctica políticas de austeridad fiscal que supusieron recortes significativos en la inversión social pública y afectaron, principalmente, la educación y la salud, según el Informe Estado de la Nación 2024.
En educación, la inversión por habitante disminuyó un 1,6 % en el 2023 en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el universitario.
Particularmente, los incentivos para estudiar, como becas y transferencias, sufrieron una reducción del 11 %, lo cual limita las oportunidades para los estudiantes de escasos recursos.
La salud no fue la excepción; la inversión por habitante se contrajo un 1,4 % en diversos ámbitos de la atención. Programas esenciales, como los de nutrición de los CEN-Cinái, fueron objeto de una disminución aún mayor, del 7 %, comprometiendo así la calidad y el alcance de los servicios necesarios a la población más vulnerable.
Factores como los límites al crecimiento del gasto impuestos por la regla fiscal, las decisiones del Ministerio de Hacienda sobre la distribución del gasto dentro del “techo” previsto por la regla fiscal y el creciente servicio de la deuda contribuyeron a esta situación.
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), principal fuente de financiamiento de los programas sociales selectivos, enfrenta incumplimientos del Ministerio de Hacienda en la entrega total de los recursos establecidos por la ley.
El Estado de la Nación señaló también que la priorización de recursos hacia una visión más asistencialista, en detrimento de programas promocionales que creen capacidades en la población, tendrán implicaciones negativas a largo plazo.
La experiencia de la crisis de los años 80 demuestra que los recortes en la inversión social pública suelen tener efectos duraderos en el desarrollo humano, cuya recuperación tarda décadas y varias generaciones.
Es imperativo repensar las estrategias de ajuste financiero para evitar un deterioro mayor en los servicios sociales fundamentales. La inversión en educación y salud no debe verse como un gasto prescindible, sino como una inversión esencial para el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad costarricense.
