Una gran desigualdad en la distribución de los ingresos usualmente es considerada negativa para un país. El grupo de personas rezagadas disminuye el potencial de crecimiento de la economía en el futuro. Las diferencias de ingreso, además, suelen aumentar las tensiones sociales y, con ello, perjudican la convivencia armoniosa de la sociedad.
Para disminuir la desigualdad en los ingresos, algunos proponen una reforma tributaria que aumente la progresividad de su estructura. Es decir, quitarles mucho a los ricos para darles más a los pobres. Aunque la idea puede sonar bien a algunos, lo cierto es que tiene efectos negativos cuyo resultado final sería peor de lo que se pretendía.
Por un lado, ante un aumento de impuestos a los ricos, estos tenderán a buscar maneras para no tener que pagarlos (irse a otro país, dejar de invertir, evadirlos). De ahí que el gobierno correría el riesgo de terminar con una menor recaudación que antes.
Por otro lado, el exceso de progresividad genera pérdidas de eficiencia en la economía porque se puede llegar a una situación en la que los incentivos por trabajar duro se vean reducidos. El rico se esforzará menos porque piensa que, de por sí, una buena parte de ese esfuerzo se lo llevará el Estado. El pobre tampoco hace su máximo esfuerzo porque espera que el gobierno lo ayude.
La historia está repleta de ejemplos de intentos por encontrar la igualdad total de ingresos, que terminaron en que todos fueran un poco más iguales, pero más pobres.
Por eso, muchos países más bien han rebajado tasas de impuestos. Buscan aumentar la eficiencia en la economía para con ello generar más riqueza, que finalmente se refleje en más recaudación de impuestos.
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Luego, lo que hay que buscar es la igualdad de oportunidades, no necesariamente de ingresos. Se trata de, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación para que con ello los jóvenes mejoren sus capacidades para participar en las actividades dinámicas de la economía; mejorar las condiciones de atracción de inversiones para las zonas rurales; trabajar en los aspectos que impiden una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral; aumentar el nivel de competencia en lo privado; y eliminar privilegios en lo público para evitar que pequeños grupos obtengan rentas y privilegios desproporcionados en comparación con el resto de la población.
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