Escuchar
El primer ayuntamiento de Costa Rica se fundó en Cartago en 1535, influenciado por las leyes coloniales, con funciones de administración local, recaudación de impuestos, justicia y orden público.
Con la disolución del sistema colonial, el reconocimiento de la autonomía municipal en la Constitución de Cádiz (1812) y la independencia de Costa Rica, se desarrollaron en 1824 los primeros municipios autónomos y los cabildos abiertos como espacios de participación ciudadana.
Entre 1841 y 1858 se definieron la cantidad de municipios, competencias, organización, ingresos, apoyo del gobierno y autonomía.
En 1916 se creó la Ley de Municipalidades, que dio un marco legal a las funciones principales.
Con la Constitución Política de 1949 se crearon nuevos cantones y se impulsó la descentralización administrativa del Estado. En 1974 se fundó el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para apoyar a los municipios.
En el 2009 se promulgó la Ley de Transferencia de Competencias y Descentralización, que no se ha podido poner en vigor. También se introdujeron las elecciones populares de intendentes en el 2002 y de alcaldes en el 2006.
Actualmente, Costa Rica cuenta con 84 cantones, 489 distritos, 7 consejos municipales de distrito y 10 promotores regionales que cubren todo el país.
Sin embargo, enfrentan limitados presupuestos, desigualdades crecientes entre municipios urbanos y rurales, baja participación ciudadana, problemas de representación, falta de transparencia y rendición de cuentas, escasa coordinación institucional, carencia de personal capacitado, gestión ineficiente de recursos y problemas estructurales en infraestructura, además de una limitada capacidad para afrontar los efectos del cambio climático.
Eficiencia
Herramientas y presupuestos mal gestionados han limitado la productividad de los municipios en servicios públicos como limpieza, seguridad, parques, infraestructura, educación, mejora ambiental y movilidad.
Las municipalidades reciben ingresos principalmente por el manejo de patentes, residuos, impuestos territoriales y el 22,5 % del impuesto sobre los combustibles. Algunos municipios han asumido con éxito el manejo del agua, la generación eléctrica y parte de la seguridad.
Debilidades
A pesar de los limitados recursos que aporta el Estado a través del impuesto sobre los combustibles, que asciende a ¢115.000 millones, es prácticamente imposible mantener los 25.000 kilómetros de la red cantonal de calles y caminos, en contraste con los 7.800 kilómetros de rutas nacionales a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
En cuanto a los servicios de agua, se optó por la centralización con la creación de Acueductos y Alcantarillados (AyA), pero los problemas de planificación y administración han agravado el abastecimiento.
Esto justifica establecer alianzas público-privadas (APP) para resolver problemas puntuales en coordinación con el AyA.
Urbanismo
En planificación urbana, existen graves problemas debido a los altos costos y la falta de coordinación con instituciones clave como el INVU, el ICE, el AyA, el MOPT, el Minae, el MEP y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Actualmente, 24 cantones no tienen planes reguladores actualizados y 40 carecen de ellos. Esto ha generado caos vial, contaminación, ausencia de reglamentos, falta de infraestructura básica y ciudades con problemas de conectividad, áreas verdes y movilidad sostenible.
Solo 53 municipalidades cumplen con los requisitos de ciudades inteligentes y sostenibles.
Soluciones
Es crucial dotar al INVU y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de mayores recursos para acompañar a las municipalidades en el diseño y aprobación de planes reguladores con herramientas tecnológicas, metodologías flexibles y de bajo costo.
Estos planes deben revisarse periódicamente para adaptarse a las realidades sociales, ambientales y económicas.
El IFAM debe enfocarse en apoyar a las municipalidades más vulnerables con capacitación, APP, asesoría en gestión, diagnósticos, planificación, manejo de residuos, estudios de prefactibilidad, espacios recreativos, red vial, transformación digital, conectividad y seguridad ambiental.
Debería concentrarse en planificación y asesoría, evitando dispersar recursos en otras instituciones como el Icoder, la Unión de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), por citar algunas.
Antes de crear nuevas municipalidades, sería más conveniente fusionarlas según su tamaño y ubicación estratégica para lograr economías de escala. No se debe permitir el crecimiento sin evaluaciones técnicas.
Los municipios deben ser competitivos para atraer inversión y empleo, con mejor infraestructura y recursos humanos que impulsen el desarrollo.
jorgewgm@gmail.com
Jorge Woodbridge es ingeniero.
