El reciente informe de la OCDE refuerza lo que en muchas columnas hemos dicho: facilitar la incorporación de las mujeres al mundo remunerado y formal es una de las estrategias más inteligentes que puede tomar el país para resolver muchos de sus actuales desafíos.
Costa Rica se ubica en el segundo puesto de menor participación de las mujeres en la población económicamente activa entre todos los países que integran la OCDE. Solo nos antecede Turquía, lo cual debería avergonzarnos. Si incorporamos a estos cientos de miles de mujeres en la economía, surgirán grandes oportunidades: crear riqueza para ellas, para sus familias y el país, resolver la escasez de talento por el envejecimiento de la población y ampliar la base contributiva de las pensiones y la seguridad social.
La OCDE propone mejoras progresivas en la cobertura de la red de cuidado y la educación temprana, iniciando con las poblaciones más vulnerables y pasando luego a la población de mayores ingresos. Incluso abre las puertas a la discusión del copago y algo muy importante: recomienda una reestructuración sistémica y estructural del sistema que administra la red, con lo que coincido plenamente, pues considero que tal como está creado desde Fodesaf (desde la vulnerabilidad y no desde la óptica de la oportunidad de mejora económica progresiva), se perpetúa la pobreza. Solo para mencionar un absurdo: la madre pierde el derecho si su situación económica mejora. Una red de cuido bien concebida debe buscar la mejora creciente de la autonomía económica de las mujeres.
Una omisión del informe es que no menciona la incorporación de cuidados para los adultos mayores: hoy, muchas mujeres están saliendo del mundo laboral para dedicarse a cuidarlos, como lo señala un informe reciente de Deloitte.
Igualmente importante es la recomendación del cambio de políticas públicas que faciliten a la población el pasar de la informalidad –que es equivalente de precariedad en los más vulnerables– a la formalidad, lo que significaría incrementar el PIB, ampliar la base contributiva del erario público, las contribuciones a la seguridad social y ayudar a la sostenibilidad de las pensiones, un tema apremiante ante el envejecimiento de la población. Esa, sin duda, debe ser nuestra hoja de ruta y también una de nuestras prioridades de inversión.
Nuria Marín Raventós es politóloga.