La resolución de la CIDH es, a todas luces, una muy pertinente dosis de ubicatex para la Sala Constitucional, la cual hasta ahora ha obstaculizado el ejercicio de la FIV. Un repaso somero de los hechos da cuenta de que, en este caso, la Sala se encuentra fuera de orden.
Veamos: ¿Qué pasaría si mañana un médico empieza a ofrecer tratamientos de FIV? ¿Le caería la ley encima? Si la respuesta es sí, ¿cuál ordenamiento específico estaría infringiendo? En Costa Rica no existe prohibición alguna para llevar a cabo esta técnica. La había, un fallo de la Sala Constitucional del 2000 que declaró que la FIV atentaba contra la vida humana. Pero esa prohibición dejó de ser aplicable en el 2012 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) –cuyas decisiones son de acatamiento obligatorio para el país– declaró que era desproporcionada y violaba derechos humanos fundamentales.
En pocas palabras, el fallo de la Corte IDH privó de efectos jurídicos al de la Sala IV y estableció el acceso a la FIV como un derecho integral a ciertos derechos humanos. A partir de entonces, la tesis de una mayoría de los magistrados constitucionales ha sido que la FIV no puede implementarse hasta tanto no exista una ley que la regule –y recientemente enfatizó que esta regulación no puede darse vía decreto presidencial, sino únicamente por medio de una ley–.
Una voz disidente es la magistrada Nancy Hernández, quien, en un voto salvado del 2014, correctamente desmonta la tesitura de sus colegas: “Pretender que un derecho fundamental requiere una ley que lo regule para su vigencia, implicaría (…) sujetar el régimen de libertad a la voluntad del legislador”. Es decir, la existencia de una regulación jamás debería ser un requisito para el ejercicio de un derecho humano.
Ni la Sala Constitucional, ni ningún otro órgano del Estado están en capacidad de prohibir el ejercicio de la FIV en el país. En buena hora que la CIDH le plante la cara a la Sala IV en este tema.
Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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