Aunque la caída en la tasa de natalidad augura una Costa Rica poblada de personas mayores y el principal régimen de pensiones se tambalea, los principales temores de los costarricenses no son ni vivir solos ni con qué van a pagar sus cuentas en el futuro. Ni siquiera abordar un taxi o viajar en vehículo de Uber o DiDi encabezan la lista del “uy, qué miedo”, sino asuntos relacionados con el bienestar de la sociedad, lo cual refleja una preocupación por aspectos propios de la democracia.
Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la aplicación de las leyes de manera injusta o no igualitaria (87 puntos), el uso de recursos públicos de forma indebida o sin transparencia (84 puntos), y verse privado de expresar las ideas o creencias libremente (80 puntos) encabezan la lista en el apartado “La sociedad costarricense y sus miedos”.
Tales aprensiones están en consonancia con la encuesta de abril del 2023, cuando el Centro realizó el primer estudio sobre los temores de la sociedad, y la principal preocupación fue perder el país, con 84 puntos.
El temor a que las leyes se apliquen de manera injusta o desigual refleja en los costarricenses una conciencia sobre cuánto se podría perder cuando en un país se instauran dictaduras y autocracias, o cuando los frenos y contrapesos dejan de funcionar porque el poder judicial es presa de los otros poderes o de fuerzas externas. Un ejemplo es México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación de una ley para cambiar el sistema judicial. Miles de jueces federales deberán ser elegidos por voto popular a partir del próximo año, sin garantía de que lleguen personas probas a los puestos y, por el contrario, con un alto riesgo de que lleguen fichas del narcotráfico, lo que montaría una farsa en los tribunales.
El uso de recursos públicos de forma indebida o sin transparencia, por su parte, está relacionado con la oposición del 49 % de los encuestados a reducir los controles sobre las decisiones del presidente de turno, como pretendía Rodrigo Chaves a través de las llamadas leyes jaguar. Gobernar sin fiscalización llena los bolsillos de unos pocos mientras vacía los de la mayoría.
El tercer temor, verse privado de expresar las ideas o creencias libremente, me complace sobremanera. Si algo ha caracterizado al actual gobierno es el amedrentamiento para provocar la autocensura.
Hasta ahora no lo ha logrado y ningún otro lo hará si cada costarricense mantiene su temor al punto de hablar valientemente, como Jacklyn Rivera Wong, separada de la Dirección del Programa de Humedales, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), cuatro días después de negarse a acatar una orden del ministro Franz Tattenbach, de reducir el área de uno de los 12 sitios protegidos por la convención internacional sobre humedales Ramsar.
La lección en estos casi dos años y medio ha sido dura. Ojalá se haya aprendido.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.
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