EscucharEn los últimos 30 años la institucionalidad pública se tornó más compleja, costosa, dispersa e ineficiente. Carece de planificación, coordinación y responsabilidad a la hora de ejecutar las políticas públicas y administrativas.
Un total de 100 nuevas entidades fueron creadas desde la década de los noventa. El Estado se compone de 322 instituciones que conforman un archipiélago donde abundan miles de leyes y reglamentos, que paralizan la función pública y afectan el empleo, la inversión, el costo, la seguridad jurídica, la transparencia y la productividad.
La poca eficiencia y el crecimiento galopante del gasto público es responsable del endeudamiento del Gobierno Central, que alcanza el 69% del PIB y en los últimos tres años creció un 23% debido a la falta de una estricta política fiscal.
De lo anterior se deriva la necesidad de aumentar las tasas de interés que se paga a los inversionistas, lo que significa mayor sacrificio fiscal, menos inversión y credibilidad y más vulnerabilidad.
Con un esfuerzo fiscal y la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se espera en el 2023 un superávit primario de un 1 y un 1,3%, con intereses del 4,9 y el 5,2%, para un 4,8 y un 4,9% de déficit financiero, al que debe agregarse las amortizaciones equivalentes al 6,5% del PIB. Las obligaciones, en resumen, oscilarán entre un 10,2 y un 10,4% del PIB.
En el acelerado crecimiento del sector público faltó una evaluación integral y visión a largo plazo del costo y beneficio. Hace años, muchas de estas instituciones perdieron su razón de existir y, sin embargo, nadie se atreve a cerrarlas, reestructurarlas o fusionarlas para lograr economía de escala.
El crecimiento del gasto público, los déficits, el endeudamiento y la ausencia de inversión son una práctica muy preocupante, y ningún gobernante puede sentirse exento de culpa. No enfrentar con valentía a los sindicatos para parar el aumento exponencial de los pluses y el crecimiento del funcionariado pasa una factura muy cara a las nuevas generaciones.
La fragmentación e ineficiencia del sector público sigue sin resolverse y la mayoría de los nuevos gobernantes no dejan de hablar de la mejora del diseño institucional, pero la realidad es que nada ha cambiado.
Abrir los ojos
Las duplicidades, funciones sin ningún sustento, los conflictos de intereses y la falta de evaluaciones son una triste realidad. Decenas de órganos desconcentrados e instituciones autónomas o amparadas a mandatos constitucionales demandan crecientes recursos soslayando la incapacidad del Estado para satisfacerlos. La ingobernabilidad, en muchos casos, produce la imposibilidad de fijar políticas públicas.
En la gran mayoría de las empresas públicas, por su estructura legal, los empleados prácticamente son inamovibles, no son posibles los traslados interinstitucionales ni se pueden establecer metas de productividad o reemplazarlos.
La situación se agrava por la estructura salarial, que prácticamente imposibilita contratar gente joven profesional con capacidades y habilidades modernas y pagarle salarios competitivos. Todo seguirá igual mientras no entre en vigor la ley de empleo público, que permitirá contratar mejores recursos humanos y corregir la inamovilidad.
Urge trazar una nueva ruta para el país y definir cuál va a ser el modelo de desarrollo en la próxima década. ¿Cuáles serán los factores clave para crecer en una sociedad inclusiva y sostenible? ¿Cuál es el perfil de los profesionales y técnicos necesarios para exportar servicios y productos de calidad mundial? ¿Cuáles serán los elementos de conectividad y alfabetización digital? ¿Cómo lograr un desarrollo ambiental saludable para la gente y el planeta? ¿Cuál debe ser el futuro de la movilidad? ¿Es preciso explorar y explotar recursos energéticos y minerales? ¿Cómo se fomentará la investigación? ¿Qué modelo seguirán la agricultura, la pesca, el turismo y la industria?
Son muchas las preguntas que buscan respuestas para diseñar un plan de desarrollo económico, ambiental, social e inclusivo. En la era del conocimiento, la internet de las cosas, la inteligencia artificial unida a la robótica, el machine learning, la realidad virtual, la biotecnología y el vehículo autónomo, los desafíos son enormes.
Diseñar el mañana
No hay mucho tiempo y Costa Rica debe revisar la ruta del desarrollo si la meta es crecer un 5% al año como mínimo. Pero, a la vez, hay que fortalecer la libertad y rescatar los valores de solidaridad y honestidad. Es necesario reducir las terribles brechas sociales que se ensanchan a causa de la falta de visión. Cuatro años no son nada para hacer cambios que trasciendan un gobierno, pero la pausa es impostergable, así como planificar unidos el futuro.
Lo primero, como sociedad, es un nuevo contrato social y cuestionarse cuáles instituciones son imprescindibles para articular una política pública con base en prioridades. Instituciones que cumplen 50 años y jamás se adaptaron a las demandas del nuevo desarrollo económico y social son insostenibles.
Una tarea perentoria es el financiamiento de las modificaciones para modernizar las instituciones. Hay que implementar tecnologías y la digitalización en todos los servicios para reducir costos, promover la transparencia, evitar duplicidades, reducir tiempos y combatir la corrupción.
Algunas instituciones no comprenden que el Estado es uno, y no una gran cantidad de reinados. Todas deben tener claras las prioridades y el rumbo. Todos, como ciudadanos, debemos colaborar con las autoridades políticas para redirigir el país con el objetivo de reducir la pobreza, lo cual solo se logrará combatiendo las brechas sociales y generando más confianza para atraer inversión y empleo.
El autor es ingeniero.
