EscucharLa descripción de cómo se llevó a cabo la controvertida contratación de $300.000 a la empresa de Christian Bulgarelli, según las declaraciones de la exministra de Comunicación Patricia Navarro, revela un desapego hacia la transparencia. Sin embargo, hay una larga historia de abuso detrás de la mera cifra.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) obtiene sus fondos de países con diversa situación económica, incluidas naciones empobrecidas, tales como Costa Rica, y aquellas afectadas por regímenes autoritarios, como Nicaragua y Cuba. Aunque los costarricenses contribuimos al BCIE con aproximadamente $300 millones de capital, sumados en pagos escalonados, el Banco cuenta con 15 países socios, entre otros España, Taiwán y Corea.
Cuando el BCIE asigna $1 millón para ser gastado a discreción del gobierno de turno, los verdaderos donantes, por citar unos pocos, somos los costarricenses, nicaragüenses y salvadoreños. La procedencia de estos fondos debería, por tanto, alentar un uso escrupuloso y erradicar la creencia en que no están sujetos a la rendición de cuentas.
Bulgarelli también obtuvo contratos con Recope, el Banco de Costa Rica y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), cuya agencia de publicidad administra un presupuesto de pauta por casi ¢8.000 millones provenientes de 14 entidades públicas.
Aunque sería conveniente obtener una información detallada sobre la gestión adecuada de una suma tan considerable de fondos públicos, el Sinart fue incapaz de justificar a la Contraloría General de la República proyectos por ¢888 millones de un presupuesto extraordinario enviado en mayo, específicamente sobre su capacidad para cumplir lo pactado con el AyA, el ICE y Recope. Y acaba de remitir otro por ¢4.150 millones; un crecimiento del 500 % en tres meses.
Los fondos públicos, sean del BCIE —considerados “discrecionales” por un capricho internacional incomprensible— o de las instituciones del Estado, no deberían ser objeto de cuestionamientos, pero en un gobierno descrito por Navarro como “una secta”, la transparencia seguirá en la lona mientras otras personas opten por callar cómo se cuecen las habas en la Casa Presidencial.
Lo que en el pasado fue considerado arbitrario, no debería hallar justificación en la actualidad.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.
